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Incremento en bonificación a madres comunitarias reconoce derechos fundamentales

Bogotá, 29 de octubre de 2005. El Procurador general de la Nación, Edgardo Maya Villazón, no comparte las objeciones presentadas por la Presidencia de la República frente al proyecto de ley que incrementa la bonificación que reciben las madres comunitarias, fijada en 70 por ciento con relación al salario mínimo mensual vigente, y pidió a la Corte Constitucional declarar ajustado a la Carta Política de 1991 la iniciativa aprobada por el Congreso.

En un concepto dirigido al alto tribunal, en el que analizó la validez de lo dispuesto en el artículo cuatro del Proyecto de Ley 110 de 2006 del Senado y 254 de 2005 de la Cámara de Representantes frente a los preceptos establecidos en la Constitución, el Jefe del Ministerio Público concluyó que el Estado debe reconocer el derecho al mínimo vital de las madres comunitarias como retribución a su labor en el cuidado de la niñez.

Para el titular del organismo de control, lo establecido por los legisladores en la iniciativa corrige de manera parcial la discriminación laboral y de género que persiste en el régimen de las madres comunitarias. Sin embargo, hizo un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso para que subsanen de manera total todas las situaciones contrarias al ordenamiento superior generado por la “suma que se les reconoce por los servicios prestados”, la cual es de 203.900 pesos al mes.

Aumentar el incentivo a 303.590 pesos, tomando como base el sueldo mínimo mensual actual, es una obligación del Estado para “preservar la confianza legítima de las ciudadanas que ponen su capacidad de trabajo al servicio del futuro del país (el cuidado de la poblaciones infantiles más vulnerables) y del mismo proceso económico nacional (permitir que otros padres y madres de familia presten sus servicios en las demás actividades de la producción)”, consideró el Procurador Maya Villazón.

En el concepto, el Procurador calificó la insistencia de los legisladores de favorecer a las madres comunitarias como una necesidad de corregir un estado de cosas inconstitucional.

El proyecto de ley que contiene la norma objetada por la Presidencia de la República reforma el artículo dos de la Ley 1023 de 2006, por la cual se vinculó a las madres comunitarias y a su núcleo familiar al Sistema General de Seguridad Social.

A juicio del Ejecutivo, lo aprobado vulneró las normas legales vigentes al no contar con un análisis del impacto social fiscal generado por la disposición e invadir la facultad exclusiva del Gobierno Nacional para ordenar participaciones en las rentas o transferencias del Estado. Además, de acuerdo con los recursos disponibles, el incremento en la bonificación mensual a las madres comunitarias no cuenta con financiación, argumento que no comparte la Procuraduría.

En cuanto a la financiación del artículo objetado, el excelente recaudo tributario experimentado durante los últimos años, y el que se espera a mediano plazo, permiten, según el Jefe del Ministerio Público, financiar el incremento, el cual generará un reducido impacto frente al Presupuesto General de la Nación. Conforme a los datos en el expediente, el aumento en la bonificación sería de 99.690 pesos, que multiplicado por las 78.502 madres comunitarias daría como resultado un costo anual de 86.084,5 millones de pesos.

A cambio de este esfuerzo, el país contaría con una tasa de retorno social significativa: el mejoramiento de la calidad de vida de las madres comunitarias y su núcleo social, concluyó el pronunciamiento del Procurador.