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Decisiones en el departamento de Córdoba

Bogotá, 25 de octubre de 2007. En cumplimiento de su función disciplinaria, la Procuraduría General de la Nación profirió los siguientes fallos de primera instancia.

Destituido ex concejal de Montería

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 13 años al señor Dagoberto Antonio Morales Paternina, en su condición de concejal del municipio de Montería por incurrir en una inhabilidad sobreviviente.

La Procuraduría estableció que el señor Morales Paternina tomó posesión del cargo de concejal del municipio de Montería el 21 de abril del año 2006 y ejerció dicho cargo hasta el pasado 4 de agosto, pese a estar inhabilitado por existir en su contra una condena penal proferida el 6 de julio del año 2001 por el Juzgado Segundo Penal del citado municipio por el delito de lesiones personales en la cual se le impuso una pena de prisión de 16 meses.

Esta decisión fue confirmada por el juzgado primero penal del Circuito de Montería el 31 de octubre de ese mismo año.

La conducta disciplinaria fue calificada como falta gravísima cometida a título de dolo, teniendo en cuenta que «al día siguiente, de haberse notificado de la providencia por la cual fue absuelto de responsabilidad por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, no precisamente por no estar incurso en la inhabilidad predicada, sino por no existir la certeza que tuviese conocimiento de la misma antes de las diligencias, se posesionó como concejal».

PGN destituye a ex rector de institución educativa en Cereté (Cordoba)

Por no dar respuesta a un derecho de petición la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años para ejercer funciones públicas al señor David Pérez Orozco, en su condición de rector del Colegio José Antonio Galán, del corregimiento de Rabolargo, jurisdicción del municipio de Cereté (Córdoba).

Según se estableció el 27 de julio de 2005, el rector Pérez Orozco recibió un derecho de petición dirigido por el coordinador de la citada institución educativa, Miguel Morelos Hernández, el cual no fue respondido oportunamente obligando al peticionario a interponer una acción de tutela que presentó ante el Juzgado Penal Municipal de Cereté en diciembre de ese mismo año.

El 11 de enero de 2006 el juzgado Penal Municipal de Cereté tuteló el derecho fundamental aludido concediendo al señor rector un término de 48 horas para que el respondiera la petición.

Sin embargo, solo hasta el 9 de agosto de 2006, cuando el peticionario interpone un incidente de desacato es que el rector David Pérez da respuesta a la misma.