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Destituido e inhabilitado por 15 años ex gobernador Salvador Arana Sus

Bogotá, 24 de octubre de 2007. Destitución del cargo e inhabilidad para ocupar cargos públicos por 15 años impuso la Procuraduría General de la Nación al ex gobernador del departamento de Sucre, Salvador Arana Sus al encontrarlo responsable en el curso de un proceso disciplinario de promocionar y financiar grupos armados al margen de la ley en esa sección del país.

Según el fallo de primera instancia emitido por el Ministerio Público, el ex gobernador Arana Sus, no sólo aprovechó su cercanía e influencia con los grupos de autodefensa de la zona para beneficiarse políticamente, sino que también propició la desaparición y la muerte de uno de sus contradictores: el alcalde del municipio de El Roble, Eudalio León Díaz Salgado.

El ex funcionario fomentó en 1998 la formación y la subsistencia del grupo paramilitar ‘La Mojana’; promovió, auspició, financió, organizó y colaboró con ellos haciendo uso de la influencia y autoridad de su cargo y los instigó para que miembros de esa empresa criminal desaparecieran y posteriormente eliminaran a uno de sus contradictores, señaló el organismo de control en la decisión.

Las pruebas aportadas al proceso disciplinario permitieron establecer que el ex gobernador Arana hizo parte del grupo político al servicio del paramilitarismo, asistió a una reunión que miembros de las autodefensas hicieron clandestinamente con dirigentes políticos de Sucre en el mes de enero de 2006, con el propósito de continuar con la organización después de la desmovilización de sus máximos comandantes, cambiando la denominación del grupo a “Frente Social por la Paz de Sucre”. Arana Sus también suscribió el denominado acuerdo de Ralito.

Para la Procuraduría, gracias a los vínculos existentes entre Arana y el paramilitarismo, el ex funcionario logró que los miembros de la organización retuvieran y asesinaran a quien se había atrevido públicamente a dejarlo al descubierto. De esta forma intentó silenciar cualquier oposición que le impidiera seguir utilizando el cargo para financiar, promocionar y colaborar con la organización delictiva.

Al analizar su conducta, el fallo concluyó que el ex gobernador Arana, “en lugar de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, procedió a colocar esa posición oficial al servicio del grupo paramilitar dominante en la zona. Obró de manera consciente y voluntaria, conociendo la ilicitud sustancial de su comportamiento, a pesar de lo cual dirigió su actuar a transgredir esos marcos jurídicos”. Por esta razón, su comportamiento fue calificado como falta gravísima y a título de dolo.

El funcionario sancionado “se desempeñaba nada menos que en calidad de Gobernador de ese departamento, es decir, por la jerarquía de ese cargo estaba llamado, como ninguno, a dar especial ejemplo de comportamiento compatible con el respeto de los valores y principios constitucionales y legales de la función pública, de lo que no hizo gala cuando puso la institucionalidad al servicio del paramilitarismo”, puntualizó la Procuraduría General de la Nación.