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Derechos de los niños deben prevalecer sobre el buen nombre de un condenado por abuso sexual

Bogotá, 22 de octubre de 2007. La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Constitucional revisar el fallo de tutela emitido por la Corte Suprema de Justicia en el que ampara los derechos de una persona condenada por abuso sexual contra un menor y prohíbe la publicación de su nombre y fotografía en el denominado muro de la infamia.

El ministerio público insistió sobre la revisión del fallo que deja en vilo la medida establecida en el artículo 48 de la Ley de Infancia y Adolescencia, para salvaguardar los derechos al buen nombre y propia imagen de un condenado por el delito de abuso sexual contra un menor de edad.

Explicó que la acción de tutela no solo se debe resolver a favor de los derechos de los niños porque así lo disponen los Convenios Internacionales y el artículo 44 de la Constitución Nacional, sino porque la medida administrativa de garantía y prevención prevista en el artículo 48 tiene una finalidad constitucionalmente legítima, pues el beneficio obtenido es mayor que la restricción de los derechos de los afectados.

Para la Procuraduría General de la Nación con la aplicación de los muros de la infamia, se previenen conductas similares, actuando en doble sentido: de un lado, disuadiendo a los potenciales delincuentes para que se abstengan de cometer esta clase de conductas y del otro, permitiendo que la comunidad y los padres de familia adopten medidas apropiadas y conducentes para evitar que sus hijos eventualmente puedan ser víctimas de tales delitos.

Reiteró que a través de esta política preventiva basada en el principio de la publicidad de la sentencia condenatoria, se obtiene un mecanismo efectivo para proteger a los niños y adolescentes en sus derechos fundamentales.

En concepto del ministerio público es claro que la finalidad constitucional de la norma no sólo es legítima, sino además necesaria y razonable, por cuanto los niños, en virtud de su fragilidad, vulnerabilidad e indefensión derivadas de sus condiciones físicas y mentales, requieren mayor asistencia y protección de la familia, la sociedad y el Estado.

Es de recordar que la Procuraduría General de la Nación en demanda de inconstitucionalidad de esta norma, consideró que se ajusta a los preceptos de la constitución Política.