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Congreso debe avanzar en la reglamentación del homicidio piadoso y el suicidio asistido

Bogotá, domingo 21 de octubre de 2007. La decisión del Congreso de incluir en el ordenamiento jurídico la inducción o ayuda al suicidio como delito querellable en el Código de Procedimiento Penal no puede considerarse una desprotección al derecho a la vida.

Con estos argumentos, la Procuraduría General de la Nación desechó los planteamientos presentados en una demanda ciudadana de inexequibilidad contra el numeral 2 del artículo 74 de la Ley 906 de 2004 y pidió a la Corte Constitucional declarar ajustado a la Carta Política de 1991 la calificación de delito querellable de esta conducta salvo que el sujeto pasivo sea un menor de edad o una persona declarada incapaz.

Para el demandante, esta clasificación vulnera la Constitución debido a que desprotege el derecho a la vida y desconoce su especial protección constitucional. As juicio, los delitos contra la vida no pueden ser considerados de menor impacto social.

En un concepto dirigido al alto tribunal, el organismo de control expresó que “en estos casos es la propia persona la que dispone de su derecho, con relación al cual, el tercero no representa una amenaza o ataque sino una influencia o una colaboración eficaz para lograr su propósito. A partir de este razonamiento, no cabe la acusación del demandante en cuanto a que se está desprotegiendo el derecho de las personas a la vida, pues el deber del Estado es proteger la vida de los ataques y amenazas de terceros y del mismo Estado, los cuales en este caso no se verifican”.

La Procuraduría recordó en su pronunciamiento que, según la jurisprudencia constitucional, la conducta activa u omisiva del médico frente al paciente que encontrándose en circunstancias terminales solicita la ayuda profesional del facultativo para morir constituye una forma especial de eutanasia voluntaria y no genera responsabilidad penal. “Se diferencia completamente del tipo penal de homicidio por piedad del artículo 106 del Código Penal y de la ayuda al suicidio, contemplado en el inciso segundo del artículo. 107”, agregó en el concepto al advertir que debe practicarse en los precisos términos que establezca el legislador.

Por esta razón, el organismo de control espera que el Congreso avance hacia una regulación legal despenalizadora de las figuras de homicidio piadoso, suicidio asistido y ayuda al suicidio, en los casos de personas que se encuentren en situación extrema de postración por enfermedad terminal o por incapacidad física y tengan dificultad o imposibilidad de realizar su voluntad habiendo decidido de manera libre, consciente, expresa y clara poner fin a su vida. En este caso se trataría de una forma especial de suicidio, precisó al sentar su posición frente al tema.

En el concepto, la Procuraduría consideró que la protección especial del derecho fundamental a la vida no implica que todos los delitos relacionados deban ser investigados de oficio por el Estado, en particular, si no son la causa principal y determinante de la muerte de una persona sino sólo un elemento de la decisión o de la realización del mismo sujeto. “No se desprotege la vida de quien ha decidido suicidarse por establecer como querellable la investigación posterior del delito de inducción o ayuda al suicidio”, reiteró el concepto.

Se parte del supuesto de que el ayudado o inducido es una persona capaz. En caso contrario, la situación obliga a valorar la conducta de manera diferente debido a la mayor protección que la Constitución establece para individuos como los menores de edad o quienes sean declarados incapaces, teniendo en cuenta su estado de debilidad manifiesta frente a los demás. Bajo estas circunstancias, el delito no sería querellable y el Estado queda obligado a investigar los hechos de oficio, advirtió la Procuraduría al solicitar a la Corte declarar la exequibilidad de la norma bajo esta condición.