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Procurador solicita a la Corte revivir normas sobre horas extras, dominicales e indemnización

Jueves 18 de octubre de 2007. Las normas derogadas por cuatro artículos contenidos en la pasada Reforma Laboral, como el reconocimiento del recargo nocturno por jornadas de trabajo después de las seis de la tarde y el pago triple de los festivos y dominicales, deben recobrar su vigencia ante la falta de efectividad de las disposiciones introducidas, consideró el procurador general de la Nación, Edgardo Maya Villazón, al solicitar a la Corte Constitucional declarar contrario a lo dispuesto en la Carta Política de 1991 las modificaciones aprobadas por el Congreso mediante la Ley 789 de 2002.

En un concepto de constitucionalidad, el Jefe del Ministerio Público consideró que si los resultados esperados con la aplicación de los artículos 25, 26, 28 y 51 de la Ley 789 de 2002 sobre la generación de empleo no se han cumplido, las medidas adoptadas con base en la norma resultan inadecuadas, van en detrimento de los trabajadores y su aplicación atenta contra la dignidad humana, el derecho al trabajo y las garantías mínimas laborales.

En su pronunciamiento, el Procurador solicitó al alto tribunal que las disposiciones derogadas por los artículos cuestionados recobren su vigencia bajo el principio de favorabilidad laboral previsto en la Constitución. A su juicio, las medidas tomadas por el gobierno con base en la Ley de Reforma Laboral desconocen principios, valores y derechos fundamentales contenidos en la Carta Política y los tratados internacionales ratificados por Colombia que conforman el bloque de constitucionalidad.

Los resultados previstos por el legislador al aprobar la norma no se han cumplido, consideró el Jefe del organismo de control al acoger los fundamentos de una demanda contra estas medidas y solicitar a la Corte declarar su inexequibilidad.

Las normas cuestionadas modificaron lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo aumentando hasta las 10 de la noche los horarios ordinarios de trabajo, convirtió en jornada diurna parte de la jornada nocturna, disminuyendo el recargo en la remuneración en domingos y festivos, la indemnización por la terminación unilateral de los contratos a término indefinido sin justa causa e incluyó la modalidad de la jornada laboral flexible con el objeto de establecer medidas para apoyar el empleo y ampliar la protección social.

Para el Procurador, aunque las disposiciones ya fueron estudiadas por la Corte, en esta oportunidad se aportan nuevos elementos que permiten evaluar los efectos de la aplicación de las normas, el grado de cumplimiento de las obligaciones del Estado y la realidad económica y social de los trabajadores.

A juicio del Procurador, las medidas demandadas no lograron incentivar la creación de puestos de trabajo como lo preveía el legislador, de acuerdo con los estudios presentados como fundamento de la demanda. Según estos reportes, la norma, en lugar de permitir la mejora de los trabajadores y la reducción del desempleo, disminuyó su calidad de vida por el desconocimiento de mínimos reconocidos en las normas derogadas como las horas extras, el recargo nocturno y el pago triple de los festivos y dominicales.

Los demandantes respaldaron sus argumentos con un estudio elaborado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad Nacional, el cual tomó como base otros cuatro análisis sobre el impacto de la Ley 789 de 2002 que sirvieron de fundamento a la Comisión de Seguimiento y Verificación de las Políticas de Generación de Empleo para presentar sus informes al Congreso.

Según el estudio académico, el incremento en los costos laborales ha sido un factor de disminución del empleo en la industria, con respecto a las cifras de 1990, y no por la apertura económica; el empleo temporal registró continuos aumentos hasta 2004 y su crecimiento ha sido inferior al aumento de la producción industrial en los últimos años.

La Comisión de Seguimiento y Verificación de las Políticas de Generación de Empleo fue conformada por el legislador para hacer un seguimiento al impacto de ley. El ente sólo tuvo una vigencia de cuatro años y se disolvió en diciembre de 2006 sin conseguir los objetivos por los que fue creado durante el trámite legislativo: recuperar espacio para la generación de un  empleo digno, aliviar la situación de los desempleados y permitir que accedieran a la seguridad social. 

En su conclusión, el Procurador expresó en el concepto presentado a consideración de la Corte que resulta contrario al ordenamiento constitucional mantener restringidos innecesariamente los derechos de los trabajadores con regulaciones menos favorables, desconociendo la Constitución.

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