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PGN se pronuncia ante grave problemática de la minería
en el ámbito nacional


Bogotá, 16 de octubre de 2007. Tras iniciar las investigaciones disciplinarias para establecer la responsabilidad en los trágicos hechos sucedidos en el municipio de Suárez (Cauca) donde 22 mineros perdieron la vida, la Procuraduría General de la Nación se pronunció frente a la problemática de la minería en el país.

La PGN ha constatado que la minería se desarrolla, en un alto porcentaje, con un bajo nivel tecnológico, una deficiente planeación y una inversión económica limitada, generando un grave impacto ambiental y social, dentro de un marcado incumplimiento de la normatividad minera y ambiental existente.

En el ámbito nacional, la PGN considera que el principal problema que existe es el ineficiente cumplimiento de los programas de Minería de Hecho que han sido concebidos por el Gobierno Nacional. En el último proceso de legalización (año 2004), se presentaron 2.800 solicitudes de legalización de actividades de minería de hecho, de las cuales se rechazaron 2.085 y de las 715 que quedaron en trámite, tan solo 413 tiene visita conjunta, el resto están pendientes de ser subsanadas. En estas visitas se estableció que 124 eran viables y, en tan sólo en 47 de ellas se han iniciado los estudios pertinentes para iniciar su explotación. El resto esta pendiente de los informes técnicos, pese a que ha pasado más de dos años de haber finalizado el período límite para la presentación de solicitudes.

Las demoras presentadas en este proceso de legalización, obedecen a que en la normatividad existente se determinó que el costo de la visita conjunta (por parte de las autoridades mineras y ambientales) y la elaboración de los Planes de Trabajo y Obras y de los Planes de Manejo Ambiental, sería asumido por el Estado; sin embargo, las autoridades competentes no realizaron las apropiaciones presupuestales necesarias para su elaboración y, por ende, no se garantizó la ejecución del proceso de legalización de este tipo de minería, al punto que a la fecha tan solo se han celebrado cuatro (4) contratos de concesión minera en el país, que representan tan solo un 1.5 % de las solicitudes presentadas.

Esta cifra muestra sin duda alguna el fracaso de este proceso de legalización, el cual, pese a su bajo nivel de ejecución se pretende extender mediante un proyecto de ley que modifica el Código de Minas y que en la actualidad se encuentra en curso en el Congreso.

Dado lo anterior, la Procuraduría está realizando un seguimiento constante al cumplimiento del artículo 306 del Código de Minas que impone la obligación a los alcaldes municipales de efectuar los cierres de las actividades mineras realizadas de forma ilegal, sin embargo, algunas autoridades municipales no está cumpliendo con esta disposición.

Sin embargo, el Ministerio Público ha detectado que la autoridad municipal no está efectuando los cierres por las siguientes razones: (i) en la mayoría de los casos el cierre genera un grave problema social, pues las poblaciones circundantes a la zona generan sus únicos ingresos de la actividad minera; (ii) por razones de seguridad, toda vez que la mayoría de las explotaciones ilegales se encuentran ubicadas en zona de conflicto armado; y, (iii) Porque, por lo general, la actividad minera es ejercida por quien detenta el poder político de la zona.

En consecuencia, los trabajadores asumen, en la exploración y explotación minera, un alto costo, pues no solo sacrifican su vida, sino su salud, todo debido a la carencia de seguridad laboral con la cual desarrollan sus actividades.

Otro fenómeno que ha evidenciado la Procuraduría guarda relación con los graves conflictos normativos existentes en la regulación del tema.

Un año después de ser aprobados la mayoría de los Planes de Ordenamiento Territorial en el país, entró en vigencia el Código de Minas, a través del cual fueron establecidas las áreas de restricción y exclusión para la minería, el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió el Decreto 2201 del 2003, mediante el cual se determinó que los esquemas de ordenamiento territorial no son oponibles a la exploración y explotación mineras, pues tal actividad es calificada como de utilidad pública e interés social.

Con fundamento en este decreto se han expedido títulos mineros en zonas consideradas como ecosistemas estratégicos, tales como páramos, subpáramos, selvas amazónicas, bosques andinos con las nefastas consecuencias ambientales que se generan por una explotación, que la mayoría de las veces, se realiza de forma irracional. Por vía de ejemplo, se citan los casos de la Serranía del Perijá y de la Serranía de los Motilones en el departamento del Cesar, así como el Parque Nacional Natural de La Sierra del Cocuy y, recientemente, la reserva forestal del Rabanal en el departamento de Boyacá.

Se evidencia entonces que el manejo del tema minero en el país requiere de una mayor concertación entre las autoridades ambientales y mineras, así como de la definición de políticas claras e integrales que garanticen el ejercicio de la actividad dentro de los parámetros de desarrollo sostenible a los que alude la Corte Constitucional en su sentencia C-339 de 2002.

Ante la grave situación, la Procuraduría ha asumido el tema como prioritario y para tal efecto ha impetrado varias acciones populares tendientes no solo a la defensa de los derechos colectivos sino a que las entidades del estado responsables del tema y los particulares que realizan la actividad minera tomen los correctivos necesarios, en aras de mitigar el enorme riesgo que se esta generando con la antitécnica explotación minera que se lleva a cabo en el país.