INICIO > NOTICIAS > BOLETÍN 421

Capturas ordenadas por la Fiscalía son inconstitucionales sin la autorización previa de un juez de garantías

Bogotá, lunes 15 de octubre de 2007. Las disposiciones de la Ley 1142 de 2007 en las que se regula la facultad de capturar personas sin orden judicial previa por parte de la Fiscalía, no cumplen las exigencias contenidas en la Carta Política de 1991. Esta medida judicial es una acción excepcional, que restringe el derecho fundamental de la libertad, por lo tanto, debe contar con una reglamentación estructural y completa para fijar límites y excepciones.

Con este argumento, el Procurador Edgardo Maya Villazón pidió a la Corte Constitucional declarar inexequible el artículo 21 y una frase contendida en el parágrafo del artículo 19 de la norma que reforma el actual Código de Procedimiento Penal. En un concepto enviado al alto tribunal, el jefe de ministerio público solicitó también “exhortar al legislador a regular las restricciones a la libertad mediante una ley estatutaria”.

La ley establece la captura excepcional por orden de la Fiscalía con base en lo dispuesto en la Constitución mediante el Acto Legislativo 03 de 2002 y autoriza al organismo judicial a proferir la detención de una persona “por motivos de fuerza mayor al no contar con un juez disponible”.

El articulo 21 de la norma demandada establece que la Fiscalía puede hacer uso de la facultad de captura excepcional si existen motivos materiales probatorios, evidencia física o información que permita inferir que el indiciado es autor o partícipe de un delito y exista el riesgo de escape, ocultación o fuga del lugar de los hechos, intente alterar los medios de prueba o constituya un peligro para la comunidad o la víctima.

La expresión contenida en el parágrafo del artículo 19 de la disposición dice: “o de la captura excepcional dispuesta por la Fiscalía General de la Nación, con arreglo a lo establecido en este código”.

Para los demandantes, estos apartes vulneran los derechos a la libertad personal y a la dignidad humana. La Fiscalía no puede constituirse en juez y parte en materia penal y los términos empleados por el legislador para imponer la medida son vagos, generales e indeterminados. A su juicio, las medidas restrictivas de la libertad deben legitimarse conforme a lo dispuesto por el conjunto de principios y valores establecidos en la Carta Política.

Las excepciones, según la Constitución, son tres: la flagrancia, la detención administrativa preventiva y las capturas excepcionales de la Fiscalía, precisó el concepto.

El Procurador acogió en su concepto los argumentos de los demandantes respecto a lo indeterminado del término “fuerza mayor” para justificar las situaciones en las que se pueda encontrar el Fiscal General o sus delegados de la Fiscalía para proceder a una captura excepcional. Ante la vaguedad de la disposición para describir estas situaciones, es necesario reglamentar con precisión este procedimiento.

“La restricción de la libertad, proveniente del artículo 250-1 de la Constitución, no puede ser reglada mediante la ambigüedad, la ambivalencia o la laxitud lingüística, porque ello viciaría de sentido la pretensión constitucional y expondría a las personas al menoscabo de sus derechos fundamentales”, indicó el jefe del ministerio público.

Para el Procurador Maya las limitaciones y las restricciones a la libertad personal requieren de una reglamentación íntegra, estructural y completa que regule este derecho fundamental mediante el trámite que ofrece la ley estatutaria, concluyó el concepto entregado a consideración de la Corte Constitucional.