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Destituidos e inhabilitados por 10 y 12 años dos funcionarios de la ESE Cari, en Atlántico

Bogotá, sábado 13 de octubre de 2007. Por omitir la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses en la suscripción de un contrato, la Procuraduría Regional del Atlántico destituyó e inhabilitó por 12 y 10 años, respectivamente, a Óscar Germán Rosales Rodríguez, gerente, y a Elsy Beatriz Galvis Velez, jefe de planeación de la Empresa Social del Estado, CARI.

En desarrollo de la investigación disciplinaria se estableció que Óscar Germán Rosales Rodríguez, en su condición de gerente y ordenador del gasto de la ESE CARI, incurrió en falta disciplinaria al no aplicar el régimen de incompatibilidades en el que se encontraban algunos contratistas por ser familiares en segundo grado de la jefe de planeación de la entidad, quien además hacía parte de la empresa Estrios Ltda.

La Procuraduría Regional, en fallo de primera instancia, es clara al advertir que en su condición de gerente de la ESE, Óscar Germán Rosales es el responsable de la celebración de contratos y era a él a quien le correspondía directamente la verificación y cumplimiento del régimen de inhabilidades e incompatibilidades sobre la contratación directa en la cual participó la empresa ESTRIOS Ltda.

Explicó que el funcionario, al hacer el estudio de la propuesta de la mencionada empresa, advitió que la jefe de planeación era socia de la Empresa Estrios Ltda. y, en consecuencia, debió abstenerse de adjudicar y suscribir el contrato, en cumplimiento no solo del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, sino en estricto sentido de la moralidad en las actuaciones públicas.

Para el ministerio público es claro que la jefe de planeación de la ESE CARI, Elsa Beatriz Galvis Velez, para la época de los hechos era socia de la mencionada empresa y pese ha haber efectuado la cesión de sus aportes en fecha anterior a la suscripción del contrato, no desaparece la inhabilidad.

De igual forma, consideró que los funcionarios desconocieron sus deberes como servidores públicos y pusieron la función administrativa no a favor de los intereses generales sino de particulares violando sin justificación alguna el ordenamiento jurídico.

Por los mismos hechos, la Procuraduría absolvió a Oswaldo Vargas Velásquez, en su condición de jefe de la oficina jurídica; a Farid Naissir Fayad, subgerente financiero, y a Carlos Quintero Vidal, subgerente científico.