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PGN destituye a un cabo primero del Ejército por muerte de menor de edad en San Pablo (Bolivar)

Bogotá, viernes 12 de octubre de 2007. Por hechos relacionados con la muerte de un joven de 17 años en el municipio de San Pablo (Bolivar), la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años al cabo primero del Ejército Nacional Alfonso Calderón Jaimes, en su condición de Comandante de Escuadra de la Batería “Francia 2” del Batallón Nueva Granada.

Dentro de la decisión disciplinaria el ministerio público suspendió por 60 días del ejercicio de su cargo al sargento segundo del Ejército, Jhon Carlos Ortíz Naranjo, en su condición de Comandante del Pelotón "Francia 2" del Batallón de ADA Nro. 2 "Nueva Granada" del Ejército.

Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2005, en el sitio El Basurero ubicado en el municipio de San Pablo (Bolivar), donde el cabo primero Alfonso Calderón Jaimes utilizó un vehículo particular y un joven de 17 años para conducirlo con el fin de efectuar un registro militar a la citada zona donde fueron sorprendidos al activarse un explosivo enterrado en la carretera ocasionado la muerte del menor de edad y un soldado y heridas a los demás ocupantes.

Según la investigación, el cabo primero Calderón Jaimes le informó al Sargento Jhon Ortiz Naranjo sobre la presencia de tres sujetos encapuchados que se hallaban en el sitio conocido como El Basurero, municipio de San Pablo. El Sargento Segundo Ortíz le dio la orden de que se desplazara hasta el lugar en un «‘pata de caucho’, es decir, un carro civil y fuera a verificar la información».

Así lo corroboró el soldado campesino Hernán Darío Gómez, quien manifestó en su declaración que «efectivamente escuchó cuando el suboficial le timbró por radio al Sargento Segundo Ortiz y éste le dijo coja un 'patecaucho'- o sea un carro- y súbase a ver si usted se llena de gloria».

Con esta conducta, el Sargento Segundo incurrió en falta disciplinaria, pues ordenó y permitió el desplazamiento de personal a su mando en un vehículo particular, sin adoptar las medidas preventivas para su seguridad, teniendo en cuenta que la tropa militar solo podía desplazarse a pie y más aún tratándose de una zona de grave alteración de orden público.

Adicionalmente, debió evaluar las características del área y los puntos críticos, calcular los riesgos del movimiento de su tropa, así como la presencia y capacidad del enemigo.

El ministerio público concluye, además, que el sargento no tuvo en cuenta la necesidad de distinguir y proteger este vehículo civil, como un bien protegido por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y lo convirtió en un objetivo militar.

En cuanto a la responsabilidad del cabo primero Alfonso Calderón, la Procuraduría concluyó que este miembro del Ejército no debió haber cumplido con la cuestionada instrucción y menos aún haber recurrido a un civil para que lo condujera a la zona denominada «El Basurero».

Las declaraciones obtenidas en esta investigación demuestran que el civil «fue obligado por el cabo primero Calderón Jaimes a conducir su camioneta para transportarlos al lugar que deseban y no como lo manifiesta el implicado que lo hizo voluntariamente».

Respecto a las órdenes impartidas por los superiores militares a sus subalternos el ministerio público recordó que «la obediencia militar no debe ser identificada con el cumplimiento mecánico, invidente y despersonalizado de cualquier mandato jerárquico, así sea inmoral, criminoso, absurdo o dictado por la insania ».

En este caso, concluye la Procuraduría, el cabo primero Calderón Jaimes no debió cumplir las órdenes impartidas teniendo en cuenta que éstas contrariaban las normas internacionales y nacionales consagradas en el DIH aplicable a los conflictos armados.