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Representante Juan Gabriel Díaz debe perder investidura por celebrar contrato seis meses antes de su elección

Bogotá, 10 de octubre de 2007. Decretar la perdida de investidura del representante a la Cámara por el departamento de Guaviare, Juan Gabriel Díaz Bernal por encontrarse inhabilitado al momento de la elección por haber contratado con una entidad pública seis meses antes de su elección solicitó la Procuraduría General de la Nación al consejo de Estado en audiencia pública.

En su intervención, el Ministerio Público consideró que, según la investigación adelantada por el máximo tribunal de lo contencioso, existen pruebas que demuestran la existencia de contrato de prestación de servicios suscrito por el parlamentario Díaz Bernal con la Red de Servicios de Salud de Primer Nivel del Departamento del Guaviare.

El convenio celebrado por el representante Díaz Bernal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 179 de la Constitución, constituye una inhabilidad para ser elegido congresista y la violación al régimen de inhabilidades es causal de pérdida de investidura.

Según la documentación aportada al proceso de pérdida de investidura, la transacción comercial con el Estado fue celebrada el 1 de diciembre de 2005 por un valor de 1.730.000 pesos y un mes después el hoy congresista recibió un cheque por el monto adeudado. A pesar de esto, mantuvo su nombre a consideración de los electores y el 12 de marzo de 2006 obtuvo la votación suficiente para ser elegido Representante a la Cámara, cargo del que tomó posesión el 20 de julio de ese mismo año.

Para la Procuraduría, los argumentos expuestos por Díaz Bernal en su defensa en los que afirmó haber sido víctima de una suplantación personal en la contratación no pudieron ser demostrados en el curso de la investigación por lo que solicitó a la Sala Plena del Consejo de Estado, además de la pérdida de investidura, condenar al congresista demandado al pago de la sanción prevista en el artículo 292 Código de Procedimiento Civil para estos casos.

Según la disposición, “Cuando la tacha de falsedad se decida en contra de quien la propuso, se condenará a éste a pagar a quien aportó el documento, el valor del veinte por ciento del monto de las obligaciones contenidas en él; o de diez a veinte salarios mínimos mensuales cuando no represente un valor económico. Igual sanción se aplicará a la parte que adujo el documento, a favor de la que probó la tacha”.