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Después de 11 años, jurisdicción contenciosa ordena reintegro de ex viceprocurador y pago de 2.859 millones de pesos

Bogotá, 10 de octubre de 2007. Tras 11 años de haber sido desvinculado y por considerar que existen “serios indicios” de que quien ejercía como Procurador General de la Nación en 1996 incurrió en “desviación de poder” al declarar insubsistente al doctor Orlando Solano Barcenas, quien fue Procurador General (E), Viceprocurador y Procurador Delegado, el Consejo de Estado condenó a la Entidad y ordenó el pago de los dineros que en 11 años dejó de recibir, en promedio 230 millones de pesos por año, sin tener en cuenta los salarios devengados en otros cargos ejercidos como el de Consejero Electoral durante cuatro años.

La Subsección Segunda del Consejo de Estado formada por los doctores Jaime Moreno García y el ponente Alberto Arangomantilla, confirmó la sentencia proferida en el año 2004, por la Sala de Descongestión del Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El doctor Solano Barcenas presentó la demanda aduciendo que fue desvinculado del cargo de Procurador Delegado para la Vigilancia de la Autonomía, la Descentralización y los Derechos de las Entidades Territoriales, no por la facultad discrecional que tiene el jefe del ministerio público, sino por razones ajenas al servicio, expresamente relacionadas con la posición que adoptó de reservarse su opinión sobre un hecho que se discutió en un Consejo de Procuradores con la presencia del Procurador encargado.

Así, la alta Corporación Judicial, tuvo en cuenta los testimonios de compañeros de trabajo del doctor Solano quienes corroboraron o no sus afirmaciones, y le concedió al demandante un fallo a su favor.

La Procuraduría en su defensa entre otros argumentos señaló, que la decisión se tomó con base en la potestad legal y constitucional del Jefe del Ministerio Público, que le permite retirar del servicio a funcionarios de confianza y del más alto nivel, sin que se requiera un procedimiento o actuación previa; facultad y elemento esencial de la buena gerencia pública. Contrario a lo anterior, el Alto Tribunal dio plena credibilidad a las versiones de quienes en la época de los hechos fueron compañeros del demandante, y consideró que hay “serios indicios” que la decisión fue una desviación de poder.

De esta forma el Consejo de Estado ordenó a la Procuraduría General de la Nación anular el decreto de insubsistencia del doctor Orlando de Jesús Solano Barcenas, reintegrarlo en su cargo, pagarle la asignación básica mensual, primas y demás factores salariales y prestacionales causados desde 1996, ajustados según el Índice de Precios al Consumidor.

Las cifras que por cada año debe cancelarse fluctúan entre los 200 y los 270 millones de pesos, para un gran total de dos mil ochocientos cincuenta y nueve millones quinientos ochenta mil noventa y seis pesos. ($2.859.580.096) que la Procuraduría General de la Nación deberá cancelar.

El pago ordenado, que deberá hacerse a titulo de indemnización, no contempla descontar los salarios que recibió del Estado en otros cargos como el de miembro del Consejo Nacional Electoral, que ejerció durante cuatro años. Así mismo, con este precedente judicial se cambia el rumbo de la jurisprudencia contencioso administrativa, en donde para funcionarios de ese nivel, como ex – Viceprocuradores, ex – Ministros, ex – Generales y otros altísimos funcionarios, nunca se les había aceptado que prevalezcan en su favor, estos argumentos.