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Comisiones regionales interparlamentarias comprometen separación de las ramas del poder público

Bogotá, 9 de octubre de 2007. Las 33 comisiones regionales interparlamentarias creadas por la Ley 1127 de 2007 comprometen la separación de las ramas del poder público e invaden funciones exclusivas del Congreso, consideró el procurador general de la Nación, Edgardo Maya Villazón, al solicitar a la Corte Constitucional declarar contraria a la Carta Política la norma, demandada ante esta instancia judicial.

En un concepto de constitucionalidad entregado a consideración de los nueve miembros del alto tribunal, el Jefe del Ministerio Público precisó que las comisiones regionales interparlamentarias “comprometen la separación funcional del poder público en lo correspondiente a la Rama Ejecutiva debido al exceso de control político al que se pueden ver sometidos los funcionarios”.

Según el procurador Maya, de mantener la vigencia de la Ley 1127 de 2007, los funcionarios objeto de control político deberán, además de atender los requerimientos de las siete comisiones permanentes, responder ante los otras 33 comisiones, incrementando en más de 400 por ciento el ejercicio del control político.

La norma demandada estipula que, debe existir una comisión regional interparlamentaria por cada circunscripción electoral de la Cámara de Representantes la cual estará integrada por senadores y representantes. La instancia legislativa tendrá carácter deliberatorio, tratará temas de su territorio y se pronunciará sobre proyectos de ley.

Los cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la disposición legal fueron instaurados por un ciudadano, que alegó la supuesta vulneración del fin establecido en el ordenamiento superior a las circunscripciones nacionales y su representación; y de la unidad de la República, debido a que sus integrantes pasan a representar intereses regionales específicos y no los de la Nación y de la totalidad de los electores. A su juicio, la norma también viola los principios de economía presupuestal por los costos de funcionamiento y duplicidad de funciones para los representantes a la Cámara.

El Procurador consideró en su análisis jurídico que la creación y composición de las comisiones regionales interparlamentarias no resquebraja la unidad de la Nación porque la circunscripción nacional busca ampliar el espectro de participación democrática combinando la tradicional representación regional con la organización de la sociedad civil para garantizar la participación política de grupos étnicos y minorías.

Pero una vez elegidos, los representantes cumplen las mismas funciones constituyentes y legislativas, de control político y electoral y sus decisiones y votos tienen igual valor, enfatizo en el concepto. Por esta razón, el Jefe del Ministerio Público acoge parte de los argumentos del demandante al concluir que las comisiones regionales interparlamentarias invaden competencias constitucionales exclusivas de las comisiones permanentes y de las plenarias de ambas cámaras legislativas.

Se desconoce que, “por mandato superior, el control político de los asuntos del gobierno y de la administración del orden nacional, incluyendo a las gobernaciones y las alcaldías, le corresponde ejercerlo al Congreso de la República, únicamente a través de las plenarias o de las comisiones permanentes”, concluyó el Procurador Maya Villazón en su pronunciamiento.