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Proyecto de ley, legalización en cinco años de venta de cosa ajena

Bogotá, 8 de octubre de 2007. Los propietarios de predios que pretendan sanear su titulación deben demostrar la posesión por cinco años para obtener derechos plenos, propuso la Procuraduría General de la Nación al calificar como inconstitucional el proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República.

En carta enviada al Presidente de la Cámara de Representantes Oscar Arboleda Palacio, el ministerio público argumentó que la iniciativa no se ajusta a la Constitución Política por violar el artículo 58 relacionado con la seguridad jurídica y derecho fundamental a la posesión.

La iniciativa establece un procedimiento encaminado a sanear la propiedad de quien, no siendo dueño, tiene inscrito su título a manera de “falsa tradición”, de modo que quienes compraron bienes inmuebles en forma irregular, como por ejemplo bienes que no eran del vendedor (compra venta de cosa ajena) pueden convertirse en propietarios regulares.

Para la Procuraduría, se estaría violando el derecho fundamental al debido proceso en tres aspectos: en cuanto a la forma de vinculación de los titulares de derechos reales e interesados en el inmueble objeto de saneamiento, a la ausencia de requisitos de legitimación para conciliar y la impugnación de la sentencia que pone fin al proceso de saneamiento.

El ministerio público consideró conveniente que se precise la forma como debe hacerse la notificación personal a titulares de derechos reales principales, también a poseedores del inmueble, y contemplar las vicisitudes de dicha notificación.

Sugirió incluir la obligación de notificar personalmente a los poseedores del inmueble y tenedores del mismo y en caso de no ser posible, agotar las formas supletivas existentes, con el fin de garantizarles la oportunidad de formular a tiempo su oposición al saneamiento.

Propuso que el proyecto abra la posibilidad para que a través de recursos legales pueda caer la sentencia que ponga fin al proceso de saneamiento en casos como la propiedad parcelaria, baldíos, bienes en proceso de extinción de dominio, de clarificación de la propiedad, deslinde de tierras de la nación, comunidades indígenas o afro-descendientes, inmuebles situados en zonas de riesgo de desplazamiento, urbanizaciones ilegales de alto riego no mitigable según el Plan de Ordenamiento Territorial, zonas de cantera e inmuebles afectados por obra pública.

El ministerio público consideró que se debe incluir como prohibición el saneamiento de inmuebles destinados al cultivo de bienes ilícitos, así como los adquiridos como resultado de dichas actividades y de los predios que aparezcan relacionados con la protección a desplazados.