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Procurador es competente para investigar a ministros cuando ejercen como delegatarios de funciones presidenciales

Bogotá, domingo 7 de octubre de 2007. La Procuraduría General de la Nación es la competente para investigar disciplinariamente a los ministros incluso cuando ostentan la calidad de delegatarios de funciones presidenciales.

Así lo consideró el Consejo de Estado al dirimir el conflicto positivo de competencias administrativas entre la Procuraduría General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, a propósito de la investigación disciplinaria que se adelanta contra el entonces Ministro del Interior y de Justicia, Delegatario de Funciones Presidenciales doctor Sabas Pretel de la Vega.

Los hechos se relacionan con una solicitud elevada a las dos instituciones por la Representante Legal del movimiento Somos Colombia, para que se investigara al doctor Sabas Pretel de la Vega, Ministro del Interior y de Justicia, “por haber suscrito en su condición de Ministro Delegatario de Funciones Presidenciales el Decreto Numero 3242 del 16 de septiembre de 2005, por medio del cual designó como gobernador encargado del departamento del Tolima al señor Carlos Guillermo Aragón Farkas, al parecer, con desconocimiento de lo previsto para tal fin en la Constitución y la ley”.

Al analizar el caso, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, señaló que de acuerdo a la delegación prevista en el artículo 196 de la Constitución Nacional, el Presidente de la República tiene la posibilidad de transferir su competencia, pero no la titularidad de la función.

“En consecuencia se tiene que la delegación prevista en el artículo 196 de la Carta no otorga al Ministro Delegatario la investidura ni el fuero de Presidente de la República, por el contrario, tan solo le atribuye en su condición de Ministro del Despacho el ejercicio de algunas funciones presidenciales”, advierte el Contencioso Administrativo.

Entre las funciones que la Constitución le entrega al Procurador General de la Nación, le asigna la de “ejercer la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas…” y explícitamente el Decreto 262 de 2000 que modifica la estructura y la organización de la Procuraduría, señala como funciones del Jefe del Ministerio Público “conocer en única instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra el Vicepresidente de la República, los Ministros del Despacho..”.

Tras estas anotaciones, el Consejo de Estado ordenó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes remitir a la Procuraduría General de la Nación, la actuación hasta ahora adelantada, para lo de su cargo.