INICIO > NOTICIAS > BOLETÍN 403

Confirman destitución de ex gobernador de Casanare

Bogotá, 3 de octubre de 2007. La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución y la inhabilidad para ocupar cargos públicos por 12 años, impuesta en primera instancia al ex gobernador de Casanare, William Hernán Pérez Espinel, por incurrir en faltas disciplinarias en la celebración y ejecución de contratos desconociendo los principios y fines de la contratación estatal establecidos en la Ley 80 de 1993.

Según el fallo de segunda instancia emitido por el Ministerio Público, el ex gobernador Pérez Espinel suscribió 18 Contratos con ocho cooperativas sin exigir la inscripción de los contratistas en el Registro Único de Proponentes.

Además, firmó un convenio interadministrativo por 12 meses y valorado en 1.248,9 millones de pesos, bajo la modalidad de administración delegada con la Universidad de Cartagena, para ejercer la interventoría en la construcción de varias vías y acueductos en el departamento. El contrato fue suscrito sin estudios y análisis previos contrariando los principios de economía, transparencia y la inobservancia del deber de selección objetiva determinó el organismo de control al confirmar el fallo de primera instancia emitido el pasado 31 de mayo por la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal.

El organismo de control estableció que en ambos hechos quedaron demostradas las faltas. La conducta del ex funcionario fue calificada cómo dolosa al considerar que actuó con voluntad y conocimiento de las normas que incumplió al exigirlas en otros contratos similares.

El caso se inició por un informe del Programa Presidencial de Lucha Anticorrupción sobre posibles irregularidades en uno de los contratos investigados, suscrito en 2002. Según la Procuraduría, Pérez Espinel actuó de manera arbitraria al omitir los requisitos previos para la celebración del contrato y quebrantó el deber de cumplir la Constitución y la Ley calificando las faltas como grave y gravísimas respectivamente.

“Era su deber como mandatario municipal, antes de celebrar los contratos referidos exigir a cada uno de estos contratistas la inscripción en el Registro Único de Proponentes, que le permitiera comprobar la experiencia, la solidez financiera, la capacidad técnica, administrativa y jurídica que garantizara su ejecución directa”, indicó la Procuraduría luego de revisar el fallo de primera instancia.

En igual sentido se refirió la decisión respecto del convenio interadministrativo: “En las diferentes visitas realizadas a las dependencias de la Gobernación de Casanare, en la que se examinaron los documentos de los contratos suscritos no se encontró ningún documento en el que constaran los estudios técnicos administrativos, económicos y jurídicos que determinaran la conveniencia para el departamento de suscribir el contrato”, concluyó el fallo de segunda instancia.