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Destituido e inhabilitado ex alcalde del municipio de La Celia, en Risaralda

Bogotá, domingo 30 de septiembre de 2007. La Procuraduría Provincial de Pereira en fallo de primera instancia destituyó e inhabilitó para ejercer empleos públicos o contratar con el Estado, al alcalde del municipio de La Celia (Risaralda) al señor Pablo Antonio Loaiza Zapata por irregularidades en un contrato suscrito con una fundación.
El funcionario celebró un contrato de prestación de servicios con la fundación Fortalecimiento Comunitario, el día 29 de enero de 2003, violando el principio de economía en que se basa la contratación estatal y la función administrativa, puesto que las actividades contratadas estaban asignadas a funcionarios de la planta de personal de la entidad, con plena capacidad para desarrollarlas.

Dicho contrato tenía como objetivo la capacitación comunitaria, la promoción del desarrollo socioeconómico de la comunidad y el fortalecimiento de liderazgo de los grupos asociativos del municipio de la Celia, mediante el cual estaba obligado a cumplir con una serie de actividades como capacitaciones, accesorias, integraciones lúdicas, gestionar recursos con entidades municipales y departamentales entre otras.

Según la normatividad vigente, los contratos de prestación de servicios solo podrán celebrarse cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados para atender con las tareas que finalmente cumplió una funcionaria en representación de la fundación Fortalecimiento Comunitario.

El manual de funciones y requisitos que conforman la planta de cargos en el municipio confirman que para el momento de los hechos este contaba con un secretario de Gobierno encargado de atender todo lo relacionado con la acción comunal, un asesor encomendado para la prolongación y aplicación de nuevas tecnologías, un corregidor empleado en funciones de dirección, coordinación y supervisión.

Igualmente se afirmó que el objetivo principal de la fundación era desarrollar, elaborar, ejecutar planes y programas con el fin de fomentar la educación, la cultura y el deporte dentro del municipio, las obligaciones debían programarse independientemente a pesar de que fueran dirigidas hacia el mismo fin comunitario.

Además la fundación carecía de la capacidad legal para ejecutar las actividades ya que en los datos suministrados tal fundación se creo el día 1 de marzo de 2002 y se inscribió el 9 de julio de ese año por lo que carecía de experiencia e idoneidad para coordinar y dirigir las obligaciones que le fueron impuestas dentro del contrato de prestación de servicios.

Como descargo el entonces alcalde Loaiza manifestó que los entes territoriales se vieron abocados a un ajuste fiscal que incluyó un recorte en la planta de cargos y una saturación de funciones y responsabilidades en cada uno de los cargos, por lo que se tenía que acudir frecuentemente a la contratación administrativa.

Según el funcionario ninguno de los cargos vigentes contemplaba en sus funciones las actividades puntuales que hacían parte del contrato de prestación de servicios relacionado con todas las actividades, a ninguno de los funcionarios les quedaba tiempo para realizar tales actividades, ni tampoco tenían el perfil para las capacitaciones, por lo que era pertinente y necesaria la contratación de un tercero.

La Procuraduría indicó que no hubo interés por parte del funcionario en verificar quienes desarrollarían las actividades o si dicha fundación era conocedora, capaz y experta para desarrollar el contrato referido, que su escogencia obedeció al propósito subjetivo y caprichoso del contratante de favorecerla.

La sala penal de la Corte Suprema de Justicia en varias oportunidades ha señalado que la selección de los contratistas debe ser objetiva, tanto en la contratación directa como en los procesos licitatorios. El funcionario desconoció las normas de selección objetiva al privilegiar una oferta que no resultaba favorable para los intereses públicos, considerándose su falta como gravísima ya que como representante legal y responsable de la dirección y manejo de la actividad contractual, debía y estaba en condiciones de conocer la normatividad existente en materia de contratación, así como las consecuencias de un actuar contrario a las mismas.