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El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría
deben ser autónomos e independendientes

Bogotá, viernes 28 de septiembre de 2007. Imponer la pertenencia a un partido o movimiento político como condición para acceder a los cargos de Secretario General de la Registraduría, Delegado del Registrador, registradores Distrital y Municipal, jurado de votación y clavero vulnera la Constitución. Favorecer sólo a los dos partidos mayoritarios es contrario a los principios democráticos. Y permitir que el Consejo Nacional Electoral (CNE) intervenga en asuntos internos de la Registraduría Nacional del Estado Civil es una invasión a la autonomía administrativa, funcional y presupuestal.

Así lo consideró el procurador Edgardo Maya Villazón al solicitar, en un concepto, a la Corte Constitucional declarar contrario a la Carta Política de 1991 apartes contenidos en 13 artículos del decreto 2241 de 1986. En las disposiciones se fijan las funciones del CNE, las del Registrador Nacional del Estado Civil, la inscripción de listas, la elección de las comisiones escrutadoras y su conformación, la dirección y la vigilancia de los comicios.

El Jefe del Ministerio Público acogió los fundamentos de una demanda instaurada por los abogados Rodrigo Uprimy, Natalia Sandoval, Pedro Santana y Omar Hernández, quienes consideraron que las normas cuestionadas vulneran la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En el pronunciamiento se coadyuvo la demanda y se pidió a la Corte dar trámite de urgencia para que su debate y pronunciamiento se produzca dentro del menor tiempo posible por involucrar temas relacionados con las elecciones y el nombramiento del Registrador. Por esta razón, el Procurador no hizo uso de los 30 días hábiles que le otorga la ley para emitir su concepto.

También planteó en su análisis que la Constitución no contempla una relación de subordinación derivada ni un poder jerárquico entre el CNE y la Registraduría por lo cual debe existir una independencia en las actividades de ambas entidades mediante el respeto de la autonomía administrativa, de funciones y de presupuesto. Esto llevó al Procurador a solicitar declarar contrario a la Constitución el apéndice del Código electoral que facultan al tribunal electoral para ejercer ese tipo de tutela.

El Procurador concluyó en el concepto que el nominador del Registrador, en este caso los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, son quienes tienen la facultad de removerlo de su cargo.

Los artículos cuestionados establecen como requisito para acceder a los cargos de Secretario General de la Registraduría, delegados del Registrador y Registrador Distrital, su previa afiliación a un partido o movimiento político. Esta exigencia, a juicio del Procurador, coarta la libertad a tener filiación política e impide el acceso a desempeñar cargos públicos y desconoce la condición pluralista y participativa del Estado.

Además, el Código Electoral actualmente garantiza sólo a los dos partidos políticos que hayan obtenido la mayoría en las últimas elecciones una representación paritaria en la organización electoral. En este punto, el concepto expresó que “las minorías deben ser destinatarias de un trato legal especial que les permita ser actores reales en la dirección política del país en aras de la materialización de un orden justo y de la consecución de la convivencia pacífica. En ese orden, teniendo en cuenta que el precepto en tela de juicio desconoce por completo la concepción pluralista del Estado Social de Derecho, el Despacho solicitará su retiro del ordenamiento jurídico”.

Respecto a la elección del Registrador, el Procurador consideró que existe una contradicción técnico – legal en la Constitución, según la cual, el numeral 2 del artículo 265 de la Constitución, el CNE tiene como función elegir y remover al Registrador. Sin embargo, el artículo siguiente, el 266, establece que el titular de la Registraduría será escogido por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado mediante concurso de méritos.

La existencia de una aparente contradicción constitucional percibida luego del análisis de las disposiciones llevó al Procurador a solicitar a la Corte Constitucional resolverla a favor de la autonomía del Registrador, indicó el concepto entregado a consideración del alto tribunal.

La norma demandada, el numeral 1 del articulo 12 del decreto 2241 de 1986, a su vez señala como función del CNE la elección del Registrador y a su reemplazo.

Incisos demandados:

Para armonizar la norma con la Constitución el Jefe del Ministerio Público pidió declarar inexequible lo siguiente: el artículo 10; los numerales 1, 2, 4, 5 y 6 del artículo 12; el numeral 22 del artículo 26 del Decreto 2241 de 1986 “Código Electoral”; las expresiones “con aprobación del Consejo Nacional Electoral”, contenidas en los numerales 7, 8 y 16 del artículo 26 y en el artículo 75; la expresión “previo concepto del Consejo Nacional Electoral” contenida en el artículo 79; la expresión “previo concepto favorable del Consejo Nacional Electoral” contenida en el artículo 85; la expresión “quien será de distinta filiación política a la suya” contenida en el numeral 8 del artículo 26; las expresiones “de filiación política distinta” contenidas en los artículos 32 y 40; la expresión “de distinta filiación política” contenida en el parágrafo del artículo 47 y en el artículo 157; la expresión “pertenecientes a diferentes partidos políticos, en forma tal que no existan jurados homogéneos, aún en aquellos lugares donde únicamente haya afiliados a una sola agrupación partidista. En este caso se nombrarán como jurados: de otros partidos a ciudadanos de lugares próximos y para ello podrá requerirse la colaboración de las autoridades y de las directivas políticas.” contenida en el artículo 101; el artículo 102; la expresión “Si habiendo varios Jueces Municipales, el Alcalde y el Registrador del Estado Civil fueren de la misma filiación política del Juez que debe actuar como clavero, hará entonces sus veces un Juez Municipal de filiación distinta a la de aquéllos, dentro del orden de precedencia señalado en el inciso anterior. En el caso de que los claveros municipales sean de la misma filiación política. el Gobernador, Intendente o Comisario designará para este solo efecto un Alcalde ad hoc, de filiación distinta a la de los dos (2) claveros restantes.” y “en forma tal que los tres (3) claveros no pertenezcan a un mismo partido.” contenida en el artículo 149, del Decreto 2241 de 1986 “Código Electoral” y la expresión “que incluye” contenida en el literal b) del artículo 11 del Decreto 111 de 1996.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señores periodistas: El siguiente material se encuentra embargado. Por favor, asumir la fecha y hora de cada uno de los boletines como la correspondiente a su emisión por parte de la Oficina de Prensa. Gracias

398-07

Sancionado ex directivo del ICBF en Antioquia

Bogotá, sábado 29 de septiembre de 2007. 8:00 a.m. Con multa equivalente a 90 días de salario devengado para la época de los hechos, la Procuraduría General de la Nación sancionó al señor Fernando Walter Torres Montoya, quien en su condición de coordinador del grupo administrativo del ICBF, Regional Antioquia, no supervisó la ejecución del contrato suscrito entre el Instituto y una firma de seguridad.

La Procuraduría encontró que el señor Torres Montoya omitió su deber de supervisar este contrato celebrado desde el mes de marzo y hasta septiembre de 2002 para custodiar y cuidar los bienes muebles e inmuebles de la sede del Centro de Atención al Menor Infractor Carlos Lleras Restrepo, «La Pola II» y como consecuencia de ello se registró un hurto continuado en dicho centro.

De acuerdo con las pruebas recaudadas el disciplinado encomendó la labor de seguimiento a la ejecución del contrato a otro funcionario y adicionalmente, no ejerció un seguimiento y control al cumplimiento de las funciones desempeñadas por el subalterno.

Se comprobó además que «no obstante el Coordinador del grupo Administrativo tener conocimiento de los hechos, en virtud del reconocimiento físico hecho por funcionarios del ICBF sólo hasta el 27 de agosto de 2002, amplió ante autoridad judicial competente la denuncia de los elementos o bienes sustraídos y dañados en el centro de Atención al Menor Carlos Lleras Restrepo».

La falta fue calificada como grave a título de culpa dado que incumplió con sus deberes, obligaciones y responsabilidades que el cargo le imponía.

399-07

Destituido e inhabilitado ex alcalde del municipio de La Celia, en Risaralda

Bogota, domingo 30 de septiembre de 2007. 8:00 a.m. La Procuraduría Provincial de Pereira en fallo de primera instancia destituyó e inhabilitó para ejercer empleos públicos o contratar con el Estado, al alcalde del municipio de La Celia (Risaralda) al señor Pablo Antonio Loaiza Zapata por irregularidades en un contrato suscrito con una fundación.
El funcionario celebró un contrato de prestación de servicios con la fundación Fortalecimiento Comunitario, el día 29 de enero de 2003, violando el principio de economía en que se basa la contratación estatal y la función administrativa, puesto que las actividades contratadas estaban asignadas a funcionarios de la planta de personal de la entidad, con plena capacidad para desarrollarlas.

Dicho contrato tenía como objetivo la capacitación comunitaria, la promoción del desarrollo socioeconómico de la comunidad y el fortalecimiento de liderazgo de los grupos asociativos del municipio de la Celia, mediante el cual estaba obligado a cumplir con una serie de actividades como capacitaciones, accesorias, integraciones lúdicas, gestionar recursos con entidades municipales y departamentales entre otras.

Según la normatividad vigente, los contratos de prestación de servicios solo podrán celebrarse cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados para atender con las tareas que finalmente cumplió una funcionaria en representación de la fundación Fortalecimiento Comunitario.

El manual de funciones y requisitos que conforman la planta de cargos en el municipio confirman que para el momento de los hechos este contaba con un secretario de Gobierno encargado de atender todo lo relacionado con la acción comunal, un asesor encomendado para la prolongación y aplicación de nuevas tecnologías, un corregidor empleado en funciones de dirección, coordinación y supervisión.

Igualmente se afirmó que el objetivo principal de la fundación era desarrollar, elaborar, ejecutar planes y programas con el fin de fomentar la educación, la cultura y el deporte dentro del municipio, las obligaciones debían programarse independientemente a pesar de que fueran dirigidas hacia el mismo fin comunitario.

Además la fundación carecía de la capacidad legal para ejecutar las actividades ya que en los datos suministrados tal fundación se creo el día 1 de marzo de 2002 y se inscribió el 9 de julio de ese año por lo que carecía de experiencia e idoneidad para coordinar y dirigir las obligaciones que le fueron impuestas dentro del contrato de prestación de servicios.

Como descargo el entonces alcalde Loaiza manifestó que los entes territoriales se vieron abocados a un ajuste fiscal que incluyó un recorte en la planta de cargos y una saturación de funciones y responsabilidades en cada uno de los cargos, por lo que se tenía que acudir frecuentemente a la contratación administrativa.

Según el funcionario ninguno de los cargos vigentes contemplaba en sus funciones las actividades puntuales que hacían parte del contrato de prestación de servicios relacionado con todas las actividades, a ninguno de los funcionarios les quedaba tiempo para realizar tales actividades, ni tampoco tenían el perfil para las capacitaciones, por lo que era pertinente y necesaria la contratación de un tercero.

La Procuraduría indicó que no hubo interés por parte del funcionario en verificar quienes desarrollarían las actividades o si dicha fundación era conocedora, capaz y experta para desarrollar el contrato referido, que su escogencia obedeció al propósito subjetivo y caprichoso del contratante de favorecerla.

La sala penal de la Corte Suprema de Justicia en varias oportunidades ha señalado que la selección de los contratistas debe ser objetiva, tanto en la contratación directa como en los procesos licitatorios. El funcionario desconoció las normas de selección objetiva al privilegiar una oferta que no resultaba favorable para los intereses públicos, considerándose su falta como gravísima ya que como representante legal y responsable de la dirección y manejo de la actividad contractual, debía y estaba en condiciones de conocer la normatividad existente en materia de contratación, así como las consecuencias de un actuar contrario a las mismas.