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Procuraduría elevó pliego de cargos contra ex alcalde de Tame

Bogotá, 21 de septiembre de 2007. Por incurrir presuntamente en indebido pago de salarios y no defender los intereses del municipio que administra, la Procuraduría Regional de Arauca elevó pliego de cargos al ex alcalde municipal de Tame Jorge Antonio Bernal Rincón.

El ministerio público consideró que si bien las personas a quienes hizo el mencionado pago, fueron nombrados mediante decreto y posesionados ante autoridad competente, no implica que estuvieran vinculados a la administración a título de empleados públicos, por lo cual, en el momento de ser separados del cargo, no existía razón alguna para aplicar la normatividad prevista en tales eventos.

De acuerdo con las normas legales, existe una clasificación de servidores públicos: empleado oficial, persona nombrada para ejercer un empleo, posesionada en el mismo, cuyo vínculo con la administración es de carácter legal y reglamentario; y el trabajador oficial: que se encuentra vinculado al Estado por medio de un contrato de trabajo, lo son por regla general quienes laboran en una empresa industrial y comercial del Estado exceptuando lo empleos de dirección, confianza y manejo.

Sobre este primer cargo, el ministerio público señala que el disciplinado actuó, al parecer, de una manera negligente, pues dejó de realizar una conducta a la cual estaba jurídicamente obligado o la ejecutó sin la diligencia necesaria para evitar un resultado dañino para el presupuesto del municipio

Al parecer existió falta de diligencia profesional en la defensa de los intereses de la entidad territorial por parte del ex Alcalde al no contestar una demanda interpuesta por los mencionados empleados como consecuencia de la terminación unilateral de los contratos.

Para la Procuraduría no existe razón distinta a su intención, el hecho de que el ex mandatario municipal incumpliera abiertamente la obligación, de por lo menos, contestar la demanda instaurada en contra de los intereses del municipio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señores periodistas: El siguiente material se encuentra embargado. Por favor, asumir la fecha y hora de cada uno de los boletines como la correspondiente a su emisión por parte de la Oficina de Prensa. Gracias

 

384-07

Destituyen ex registradoras delegadas en el Tolima

Bogotá, sábado 22 de septiembre de 2007. 8:00 a.m. María Argenis Cuellar Chávez, ex delegada departamental de la Registraduría en el Tolima, fue destituida del cargo e inhabilitada para ocupar cargos públicos durante diez años por nombrar a una sobrina suya como registradora municipal. La decisión fue impuesta por la Procuraduría General de la Nación al determinar la responsabilidad de la funcionaria en falta disciplinaria de incompatibilidad con su conducta.

El fallo emitido por el Ministerio Público también cobijó a la sobrina de la ex Delegada Departamental, Claudia Patricia Mehecha Cuellar, por haberse posesionado como Registradora Municipal existiendo un parentesco de consanguinidad en tercer grado, de tía y sobrina, y no la advirtió al momento. Por su conducta, esta persona también fue destituida e inhabilitada para ocupar cargos públicos por diez años

Para la Procuraduría, Cuellar Chávez utilizó el cargo para favorecer a su sobrina y ser nombrada como Registradora Municipal incurriendo en una causal de incompatibilidad al Intervenir en la postulación y nombrarla en el cargo, y Mahecha Cuellar, por actuar a sabiendas de ser conocedora de la causal de la inhabilidad existente que le imposibilitaba posesionarse como servidora pública en la Registraduría Nacional del Estado Civil en el Tolima. Las conductas de ambas funcionarias omitieron actos propios de sus funciones, indicó la decisión emitida.

El Ministerio Público consideró que las funcionarias incurrieron en las faltas con pleno conocimiento de las causales de incompatibilidad e inhabilidad existentes y haciendo uso de las atribuciones legales que les confería el cargo al proferir los actos administrativos que originaron los casos.

Por estos motivos, no fueron de recibo para la Procuraduría los argumentos esbozados por la funcionarias sancionadas, quienes insistieron en afirmar que la vinculación de la funcionaria inhabilitada obedeció a un proceso de selección el cual se dio bajo el procedimiento, autorización control y vigilancia de la Gerencia de Talento Humano de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que admitió a la aspirante con un puntaje de 23, ocupando el sexto lugar tras presentar las pruebas correspondientes.

Según las normatividad vigente en Colombia, la inhabilidad es un impedimento para quien va a ser nombrado o elegido, en tanto que la incompatibilidad es una prohibición para quien ejerce un cargo, consiste en una limitación del ejercicio de ciertos derechos respecto de la persona que desempeña una función pública y en unas restricciones para acceder a ella, reiteró la Procuraduría en el auto de fallo.

385-07

Claveros y escrutadores tienen derecho a descanso remunerado

Bogota, domingo 23 de septiembre de 2007. 8:00 a.m. Quienes ejerzan como claveros y escrutadores en las elecciones deben prestar sus servicios fuera de su horario habitual de trabajo y, a diferencia de los jurados de votación, no tienen derecho a tiempo alguno compensatorio de descanso remunerado lo que se constituye en una omisión legislativa que viola el principio de igualdad y el derecho al descanso, concluyó el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, al solicitar a la Corte Constitucional condicionar la vigencia de un artículo del Código Electoral.

En un concepto de constitucionalidad, el Jefe del Ministerio Público solicitó al alto tribunal dictar una sentencia integradora al momento de decidir una demanda contra el artículo 105 del decreto ley 2241 de 1986, instaurada por un ciudadano ante la supuesta vulneración de los derechos laborales, contemplados en la Carta Política de 1991 y en varios convenios suscritos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al no extender el beneficio del descanso remunerado a quienes actúen como claveros y escrutadores.

“El Ministerio Público solicitará a la Corte Constitucional declarar exequible el aparte “jurados de votación” contenido en el inciso tercero del artículo 105 del Decreto 2241 de 1986, siempre y cuando se interprete que los claveros y escrutadores que presten sus servicios fuera de su horario habitual de trabajo tendrán derecho al beneficio consagrado en la citada disposición a favor de los jurados”, indicó en el concepto el procurador Maya Villazón.

Según el demandante, los ciudadanos que prestan esta función se encuentran en una situación similar a la de los jurados de votación, pues deben permanecer desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde del lunes siguiente a las elecciones, y a partir de ese día, hasta cuando venza el último de los términos señalados por la Registraduría para la introducción de los pliegos electorales en el arca triclave, lo que la mayoría de las veces incluye sábados, domingos y festivos.

La sentencia integradora por omisión legislativa discriminatoria, a juicio del Jefe del organismo de control, es necesaria debido a que en la expresión de la norma demandada existe una omisión legislativa que desconoce lo dispuesto en los artículos 13 y 53 de la Constitución.

En la demanda, su autor, aunque insiste en advertir que el Congreso desconoció el principio de la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, hizo una solicitud especial a la Corte en caso de no encontrar ninguna causal de inexequibilidad en la norma, o considerar que la constitucionalidad condicionada no sea procedente: exhortar al Congreso para que incluya a los claveros y escrutadores el derecho a un día compensatorio para subsanar lo que considera una omisión legislativa.

Según el Código Electoral, la función de claveros la ejercen el Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo Nacional Electoral (CNE); los gobernadores o sus delegados y los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil, los alcaldes, los jueces municipales, los registradores distritales, municipales y auxiliares. El incumplimiento de tales funciones constituye causal de mala conducta, que será sancionada con la pérdida del empleo.

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