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Por reclutamiento ilícito de menores de edad, PGN urge medidas contra grupos armados al margen de la ley

Bogotá, 14 de septiembre de 2007. El Procurador General de la Nación elevó petición especial ante el Fiscal General de la Nación para que se tomen medidas concretas contra los integrantes  de los grupos  armados al margen de la ley: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-EP; Ejército para la Liberación Nacional -ELN”; Ejército Revolucionario del Pueblo -ERP y Autodefensas Campesinas de Colombia –AUC como presuntos autores, coautores, determinadores y cómplices y contra quienes dentro de esas organizaciones desarrollan  la conducta punible del reclutamiento ilícito de menores de dieciocho (18) años.

En Colombia, la comunidad internacional (Comunidad Europea) ha estimado que más de 7.000 niños, niñas y adolescentes hacen parte de las filas de los grupos armados ilegales.

Las estadísticas del Gobierno nacional señalan que entre  agosto de 2002 y diciembre 2005, se desmovilizaron 8.737 personas de las cuales 1.527 eran niños, niñas y adolescentes y, según el Ministerio de Defensa Nacional, en vigencia de la Ley  de justicia y paz se han desmovilizado entre agosto de 2005 y enero del 2006 101 niños.

En virtud del desarrollo del proceso de paz  que se ha venido adelantando con las Autodefensas Campesinas de Colombia –AUC y en desarrollo de la Ley de Justicia y Paz,  el Procurador General de la Nación (e) Carlos Arturo Gómez Pavajeau, solicitó al señor Fiscal General de la Nación, informe sobre los adelantos y resultados en  materia de investigaciones sobre el reclutamiento ilegal de niños, niñas y adolescentes por  grupos al margen de la Ley.

El Procurador General  de la Nación (e), insistió ante el Fiscal General de Nación, sobre el imperativo legal de la búsqueda de la verdad como mecanismo  para obtener justicia restaurativa en el caso de los niños, niñas y adolescentes usados en  el conflicto armado interno.

Así mismo recordó la necesidad de individualizar a los sujetos responsables del reclutamiento dentro del proceso de justicia  y paz que se adelanta dentro del territorio nacional, precisando algunos conceptos que el Derecho Internacional impone a los procesos de investigación en justicia transicional  y que el  nuevo Código de Infancia y Adolescencia prevé dentro de las fórmulas de la protección integral, del interés superior y restablecimiento de derechos.

En ese orden de ideas, con el con el fin de buscar el cumplimiento de la obligación del Estado de investigar, juzgar y castigar a los autores responsables del reclutamiento ilegal de menores, y de garantizar  el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sufrido este delito de lesa humanidad, planteó la necesidad de establecer los lineamientos necesarios para los señores Fiscales de conocimiento, para la investigación previa y versiones libres (con respecto a la variante reclutamiento ilegal de menores de edad), interrogar en las versiones libres sobre el cumplimiento del requisito de elegibilidad para desmovilizados colectivos indicado en el art. 10.3 “puesta a disposición de la totalidad de niños vinculados al grupo armado” y para desmovilización individual entrega de información privilegiada sobre la conducta punible de reclutamiento ilegal (art.11.1 Ley 975 de 2005), y en todo caso por el paradero de los niños desvinculados de los grupos armados que no fueron puestos a disposición del ICBF; y finalmente imputar el delito de reclutamiento ilegal en todos los casos que aparezcan los elementos constitutivos del mismo.

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