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Corte Suprema admite revisión de condena contra Cajanal

Bogotá, 13 de septiembre de 2007.  La Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de revisión instaurado por la Procuraduría General de la Nación contra una sentencia emitida por el Juzgado Laboral del Circuito de Valledupar que condena a la Caja Nacional de Previsión (Cajanal) al pago de pensiones de gracia de 43 personas.

En el recurso, el Ministerio Público solicita invalidar el fallo del juez laboral de Valledupar al considerar que el caso debió demandarse ante la jurisdicción contencioso administrativa.

La Sala Laboral del máximo tribunal de la justicia ordinaria consideró en el auto emitido que las causales esgrimidas por la Procuraduría “No presentan dificultad para su admisión y tramitación. Además, cumple con los requisitos formales así como la condición temporal prevista en la ley”.

El organismo de control esgrimió como fundamento los dispuesto por el artículo 20 de la ley 797 de 2003, según la cual las providencias judiciales que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de desembolsar dinero o reconocer pensiones pueden ser revisadas por el consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia por solicitud de la Procuraduría, entre otros entes oficiales.

El caso de Valledupar es muy similar a otros tres procesos adelantados por jueces laborales de Buenaventura, Ibagué y el municipio huilense de Pitalito en los que la Procuraduría también solicitó al máximo tribunal de la justicia ordinaria su revisión.

Los hechos, igualmente, fueron conocidos por la Corte Constitucional en un fallo de revisión de tutela instaurado por Cajanal en contra del proceso adelantado por el Juzgado Laboral de Pitalito.

En la sentencia T-502A del 5 de julio de 2007, los magistrados de la Corte no sólo ordenan levantar la medida cautelar decretada por el  despacho laboral de Pitalito, también envían copias de la decisión a la Fiscalía, la Procuraduría y al Consejo Superior de la Judicatura para investigar los posibles delitos y faltas disciplinarias en la que posiblemente incurrieron quienes intervinieron en la demanda.

El proceso fue instaurado inicialmente por María Advenis Peña Gaviria y durante el término para modificar la demanda, el apoderado de la mujer adicionó al caso 299 demandantes que exigieron el pago de mesadas por 10.134,6 millones de pesos.

Según el alto tribunal, el despacho judicial incurrió en vía de hecho y violó los derechos a la defensa y el debido proceso al notificar en forma indebida y condenar en abstracto a Cajanal no teniendo competencia para asumir el caso.

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