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Piden vigilar trámite para gestionar créditos por 60 mil millones con cargo a recursos de regalías en el Cesar

Bogotá, lunes 10 de septiembre de 2007. Vigilar una operación crediticia por 60 mil millones de pesos aprobada por la Asamblea de Cesar en una ordenanza, a pesar de la excelente situación financiera del departamento y su capacidad para disponer de más de 300 millones de pesos para inversión, solicitó a la Procuraduría General de la Nación el Comité de Seguimiento y Evaluación a la Inversión de las Regalías del Carbón, de la cual hace parte el Ministerio de Hacienda.

En carta enviada a la oficina de Apoyo Fiscal de la cartera de Hacienda, el Comité advirtió que la disposición, sólo incumple con los procedimientos establecidos por el gobierno para estos casos, también puede exponer al departamento a una sanción o llevar a la entidad financiera que otorgue el crédito a que no se le reconozcan los intereses.

Según el análisis entregado a la oficina de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y al organismo de control, la suscripción de estos multimillonarios recursos se harían por el sistema de leasing de infraestructura, “como operación conexa del crédito, lo que permitiría la contratación directa, sin proceso licitatorio”.

La ordenanza fue aprobada el pasado 2 de septiembre y otorgó al gobernador encargado de Cesar, Rodrigo Canosa, facultades por cuatro meses para contratar hasta por 12 años operaciones de crédito y cubrir contratos para ejecutar los recursos de endeudamiento, aprobados para financiar el plan de inversiones públicas.

Sin embargo, el proyecto no cuenta con el concepto previo y favorable de la Secretaría de Hacienda del Departamento para acceder a recursos de crédito, tampoco se especificaron los proyectos a financiar, tal como lo dispone la Oficina de Crédito Público del Ministerio de Hacienda; no se ajustó ni se modificó el Plan Operativo Anual de Inversiones; también se omitieron los estudios para ajustar el marco fiscal de mediano y largo plazo que permita atender el servicio y no se especificó la renta que se va a ofrecer en garantía, indicaron los miembros del Comité al cuestionar la legalidad de la ordenanza.

“Llama la atención que a pesar de la excelente situación financiera por la que atraviesa el departamento, tenga que acceder a recursos de crédito para la terminación del plan de desarrollo. Al cierre de agosto de 2007, el departamento cuenta con un presupuesto para inversión de 311 mil millones, que representa una ejecución del 64 por ciento y quedan por comprometer recursos por 112 mil 459 millones de pesos, más 30 mil millones, producto de la reliquidación de la Drummond. Con la disponibilidad de estos recursos cual es la necesidad de contratar un crédito para los tres meses que restan del actual gobierno”, señalaron en la carta enviada al Ministerio Publico.

De acuerdo con lo establecido, 20 mil millones de pesos del paquete de recursos que se planean obtener serían destinados al municipio de Aguachica para la terminación del programa de agua potable y saneamiento básico. El Comité resaltó en este caso que la entidad territorial no quiso ingresar a un programa similar que adelanta la Corporación Andina de Fomento y la Presidencia de la República, situación que no corresponde a las orientaciones y direccionamientos del Gobierno Nacional.

Además recordó que la administración departamental contrató un crédito con el aval de la Nación con la Corporación Andina de Fomento por 42,5 millones de dólares, en el cual se estableció que el departamento, para otorgar nuevas garantías para obtener recursos con cargo de regalías, debe contar con un concepto previo del Ministerio de Hacienda.

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