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Procuraduría reitera respaldo a publicación en medios de nombres y fotos de condenados por delitos sexuales contra menores

Bogotá, domingo 9 septiembre de 2007. La emisión pública en radio y televisión del nombre y la fotografía de las personas condenadas por delitos sexuales cometidos contra los menores no constituye una forma de escarnio público o trato degradante. La disposición, contenida en el inciso segundo del artículo 48 de la ley 1098 de 2006, tampoco quebranta la dignidad humana. La medida procura prevenir, disuadir, transmitir a la sociedad que la conducta es sancionada, que está vigente y obliga a las personas a actuar conforme a la ley.

Así lo consideró la Procuraduría en un concepto entregado a la Corte Constitucional en el que solicitó la exequibilidad de la norma, aprobada por el Congreso el año anterior y denominada Código de la Infancia y la Adolescencia.

El pronunciamiento estableció la posición del Ministerio Público frente a la demanda instaurada por la ciudadana Luz Ximena España Afanador, quien alegó la violación de los derechos a la dignidad humana y a la igualdad de quienes resulten condenados por estos hechos punibles con la publicación de sus nombres y sus fotografías en los medios de comunicación que utilizan el espacio electromagnético.

La disposición demandada establece como obligación de los concesionarios ceder espacios para transmitir mensajes dirigidos a promocionar los derechos de niños, niñas y adolescentes, y en el inciso segundo ordena que “por lo menos una vez a la semana se presentarán, con nombres completos y foto reciente, las personas que hayan sido condenadas en el último mes por cualquiera de los delitos contemplados en el Título IV, Delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, cuando la víctima haya sido un menor de edad”.

Según la demandante, El Congreso, al aprobar ese inciso, cercenó otros principios constitucionales como la dignidad humana al someter al condenado al escarnio público para intimidar a futuros infractores y establece un trato discriminatorio frente a un grupo de condenados. Esta situación la calificó como un trato denigrante que “coarta la readaptación social del sentenciado y lo pone en peligro inminente ante la violencia e intolerancia de la sociedad”, planteamiento que la Procuraduría no comparte.

La demanda también calificó la norma de innecesaria e ineficaz debido a que con la condena y la pena impuesta al responsable queda restablecido el derecho de los menores, posición igualmente refutada por el concepto de constitucionalidad emitido por el Ministerio Público.

Para la Procuraduría, la disposición tiene por finalidad proteger los derechos de los niños y los adolescentes, y en cumplimiento de esta garantía ordena dar publicidad o informar sobre las sentencias condenatorias revelando sólo las fotografías y los nombres de las personas condenadas como un presupuesto de la eficacia de las decisiones judiciales que, en el caso de los delitos contra los menores, tiene prevalencia constitucional.

“En el presente caso la colisión de principios al buen nombre y propia imagen del condenado, por una parte, y las garantías prevelentes de los menores afectados con el delito sexual, por el otro, debe resolverse a favor de los niños, no sólo porque así lo disponen expresamente convenios internacionales sino que el beneficio obtenido es mayor que la restricción de los derechos de los afectados”, señaló el concepto.

Según la Carta Política y los tratados firmados por Colombia sobre el tema, todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas tendrán como consideración primordial atender el interés superior del menor. “El principio vincula primordialmente a las autoridades responsables, y concretamente, al legislador, quien en desarrollo de su labor, debe asegurar que las disposiciones dictadas por el órgano legislativo reflejen la prevalencia constitucional de los derechos de los menores”, indicó en sus fundamentos el concepto entregado al alto tribunal.

La Procuraduría advirtió, sin embargo, que tal como lo establece la norma la divulgación de esta información debe emitirse en las franjas designadas para adultos, no se podrá revelar datos que permitan identificar a las víctimas y los nombres incluidos en las listas deben ser renovados mensualmente para evitar que se publiquen indefinidamente.

La medida, a juicio del Ministerio Público, cuenta con un fin práctico de prevención general, el cual opera en doble sentido: tiene la finalidad constitucionalmente legítima de hacer conocer a la sociedad la identidad de las personas condenadas disuadiendo a los potenciales delincuentes para que se abstengan de cometer esta clase de conductas, y permitir a la comunidad adoptar medidas apropiadas para evitar que los infantes sean víctimas de estos delitos, concluyó el organismo de control.

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