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Ley forestal es inconstitucional según la Procuraduría

Bogotá, sábado 8 de septiembre de 2007. El Estado colombiano tenía la obligación de consultar con los pueblos indígenas y afro descendientes los proyectos que dieron lugar a la Ley 1021 de 2006 con anterioridad a la iniciación del trámite legislativo en el Congreso, consideró el Procurador general de la Nación, Edgardo Maya Villazón, en un concepto de constitucionalidad en el que solicitó declarar contrario a la Carta Política de 1991 la totalidad de la iniciativa legislativa.

En su pronunciamiento, el Jefe del Ministerio Público advirtió que el deber de consulta previsto en el ordenamiento superior se constituye en un requisito de fondo que no se cumplió ni antes ni durante el trámite de la iniciativa legislativa, denominada también Ley Forestal, por lo cual solicitó a la Corte Constitucional declarar su inexequibilidad.

“El Estado tenía la obligación de consultar con los pueblos indígenas y tribales los proyectos que dieron lugar a la Ley 1021 de 2006, con anterioridad a la iniciación del trámite legislativo en el Congreso de la República”, precisó en el concepto.

El procurador Maya Villazón acogió los argumentos esgrimidos por un grupo de ciudadanos que demandaron por inconstitucional la totalidad de la ley debido a que, a su juicio, el Gobierno desconoció el artículo 330 de la Carta Política y el Artículo Seis del Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cuales forman parte del bloque de constitucionalidad.

Estas disposiciones obligan al Estado a realizar una consulta previa en los procesos de toma de decisiones relativos a la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas, y el Convenio de la OIT, en particular, extiende la consulta previa cuando se trate de cualquier medida que pueda afectar a los pueblos indígenas y tribales.

A juicio del Procurador, el proceder del gobierno vulneró el derecho de consulta a los pueblos indígenas y tribales. Citando jurisprudencia de la Corte Constitucional indicó que el mecanismo se ha establecido como una garantía de la identidad cultural de las etnias. “Es obligatoria en cuanto a su verificación, pero no implica que requiera de un acuerdo con el Gobierno Nacional, por cuanto este es el competente para tomar la decisión final respecto de la medida legislativa o administrativa a que haya lugar” agregó en el concepto.

Según los demandantes, la Ley General Forestal no excluye ningún área del territorio nacional y regula el aprovechamiento de todos y cada uno de los bosques y plantaciones de árboles del país, incluidos los recursos forestales existentes en los territorios de las comunidades indígenas y afro colombianas que conforman en su totalidad un 32,2 por ciento del total nacional.

Estos territorios se caracterizan por ser ricos en biodiversidad y recursos forestales, debido a que están ubicados fundamentalmente en los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Chocó, así como en la Costa Atlántica, en el Litoral Pacífico, y en la Orinoquía, zonas con gran riqueza natural.

Para el Procurador, no era suficiente incluir un artículo en la ley que contemplara la consulta a las comunidades en forma posterior a su aprobación, para proyectos de aprovechamiento de recursos naturales. El procedimiento, insistió en el concepto, debió realizarse antes de llevar la iniciativa a consideración del Congreso.

Esta posición, aseguró el Jefe del Ministerio Público, también fue contemplada por el Consejo de Estado en un fallo de tutela presentada por la Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (Crima) solicitando que se protegiera el derecho fundamental a la consulta previa que consideraban vulnerado al no consultarles con anterioridad los proyectos de ley que dieron lugar a la Ley General Forestal

Aunque la petición fue rechazada, al considerar el máximo tribunal de lo contencioso que existían otros medios de defensa judicial, siendo la demanda de inconstitucionalidad uno de ellos, “considera la Sala de lo anterior y de la lectura de la totalidad del proyecto de ley que existen aspectos trascendentales que involucran los intereses de las comunidades indígenas, por lo que a ellas como posibles afectadas debió consultárseles tales puntos para tener la posibilidad de participar en la discusión y desarrollo del articulado de los proyectos de ley, así como en la forma como cada uno se ejecutaría”. Concluyó el concepto.

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