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Tribunal Administrativo de Cundinamarca anula sanción contra ex ministro de obras públicas en caso Dragacol

Bogotá, miércoles 5 de septiembre de 2007. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ponencia del Magistrado Cerveleón Padilla Linares, en Sala conformada además por los doctores Daniel Ricardo Palacios Rubio y José Antonio Molina Torres, anuló la sanción de multa de 60 días de salario que la Procuraduría General de la Nación le impuso al ex ministro de Obras Públicas, Carlos Hernán López Gutiérrez, en el caso Dragacol.

La sanción anulada fue impuesta por el Ministerio Público en abril de 2002 por no liquidar de manera bilateral el contrato firmado con la Sociedad Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe S.A. (Dragacol), cuyo objeto era la realización de las obras de dragado y adecuación del Río Magdalena, sector Chingale, dejando dicha responsabilidad a su sucesor a quien solo le quedaban siete días para hacerlo.

En su momento, la Procuraduría encontró que el ex ministro faltó a su deber por no realizar ninguna gestión, ni impartir instrucciones a sus subalternos para iniciar los trámites necesarios que permitieran atender su obligación de liquidar bilateralmente dicho contrato dentro de los cuatro meses siguientes a su terminación.

El Ministerio Público determinó que pese a la gran complejidad e importancia de esta labor optó por dejar a quien lo sucediera la responsabilidad de subsanar en siete días su omisión y liquidar con el señor Reginaldo Bray, representante legal de Dragacol, un multimillonario contrato cuyas intimidades desconocía y que el ex ministro López Gutiérrez dejó de gestionar durante 113 días, del término de cuatro meses que tenía para cumplir con su obligación.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho revocó la sanción argumentando una falsa motivación. La corporación judicial, tomando como base una resolución del Ministerio de Obras Públicas vigente en ese momento, que reglamentaba la liquidación de los contratos, determinó que era necesario primero tener el acta de recibo definitivo de la obra para iniciar el procedimiento, y ante la falta de ese requisito, el ex funcionario no podía proceder.

De acuerdo con los fundamentos del fallo, los magistrados concluyeron que el ex ministro no podía proceder a la liquidación unilateral “teniendo en cuenta que sólo a través del acta de recibo final podía totalizarse la cantidad de obra recibida”.

A juicio del Ministerio Público el argumento esgrimido por el Tribunal es incorrecto, pues contrario a lo expresado por esa corporación, la Procuraduría nunca consideró que debía liquidar el contrato de manera unilateral, precisamente porque estaba en términos de hacerlo bilateralmente tal como quedo, desde la firma del mismo, acordado por las partes como forma de terminar la relación contractual.

La liquidación unilateral sólo es posible tras haberse agotado la posibilidad de realizarla bilateralmente, por esta razón, el organismo de control apeló la decisión ante el Consejo de Estado.

Para la Procuraduría, la sentencia no advierte sobre el deber del implicado de iniciar el trámite de liquidación bilateral del contrato suscrito con Dragacol y entregar a su sucesor los elementos necesarios para continuar el proceso ordinario.

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