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Oficiales de la Policía absueltos del cargo de detención ilegal

Bogotá, domingo 2 de septiembre de 2007. La Procuraduría General de la Nación absolvió del cargo de detención ilegal a los oficiales Coronel Joaquín Correa López, Comandante del departamento de Policía del Huila y al Capitán Pablo Alfonso Celis Ruíz, jefe de la Sijín del mismo departamento , en desarrollo de la operación “Margaret”.

En dicha operación que se adelantó el 13 de julio del 2002 en el municipio de Natanga, contra presuntos miembros de la guerrilla fueron capturados Jiovanny Medina, Edinson Yuco Yuco, Pedro Pablo Vanegas, José Oliderney Daza y Jhon Wilmer Zambrano y allanadas las residencias de Fortunato Noscue y Carlos Eduardo Ramírez Ortíz, quienes argumentaron la violación del procedimiento judicial.

El ministerio público determinó que el procedimiento de captura de las mencionadas personas fue ilegal y vulneró el derecho fundamental a la libertad, pues su detención no reunió ninguno de los requisitos establecidos por la Corte Constitucional; sin embargo, advirtió que la Fiscalía presente en el operativo, fue la responsable de autorizar y ordenar a la Policía la detención de varias personas sobre quienes no recaía orden judicial alguna.

En fallo de primera instancia, y con base en la investigación adelantada por una comisión especial, la Procuraduría consideró que los oficiales no participaron en la toma de decisiones de carácter judicial y su responsabilidad se limitó al control de las órdenes dadas para el desarrollo del operativo, la distribución del personal, de los vehículos, de la seguridad de los servidores y al diseño de estrategias para el resultado de la misión.

Para el ministerio público no existen pruebas mínimas que permitan tener la certeza legal sobre que los investigados hubiesen ordenado o permitido que personal bajo su mando efectuara capturas sin orden escrita de la autoridad judicial competente. De acuerdo con la Ley, “toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla”. De ahí que los investigados sean absueltos por el cargo que se les formuló, en aplicación de este principio.

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