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Ex senador Édgar Perea no está inhabilitado para ejercer cargos públicos

Bogotá, 29 de agosto de 2007. El Procurador General de la Nación ordenó cancelar el registro de inhabilidad derivada de la pérdida de investidura que figuraba en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad SIRI, sobre señor Edgar Perea Arias.

Como se recordará el Consejo de Estado despojó de su investidura como Congresista al señor Perea Arias mediante providencias del 18 de julio de 2000 y el 13 de agosto de 2002. En diciembre de 2003, la Corte Constitucional en sentencia de tutela T-1232 dejó sin efecto dichas providencias y en mayo de 2004, ese mismo tribunal a través del Auto 057, ratificó su decisión y negó la solicitud de nulidad presentada por el entonces Presidente del Consejo de Estado.

Aunque dicha actuación nunca fue notificada a la Procuraduría General de la Nación por la autoridad contenciosa administrativa responsable de hacerlo, atendiendo una petición hecha por el señor Edgar Perea Arias, el Jefe del Ministerio Público señaló que “se hace necesaria la exclusión del mencionado ciudadano del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad SIRI, en el que aparece con el antecedente de pérdida de investidura, pues no existe razón alguna para que continúe en dicho registro, en virtud de la providencia judicial que generó la anotación respectiva, no esta produciendo efectos jurídicos por decisión de la Corte Constitucional".

La Procuraduría General de la Nación recuerda a las autoridades judiciales y administrativas a quienes la normatividad vigente les asigna la función de notificar al Ministerio Público sobre el sentido de las decisiones que quedan en firme, que no hacerlo constituye una falta disciplinaria gravísima:

Ley 734 de 2002- Código Único Disciplinario,

Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:

Numeral 57: No enviar a la Procuraduría General de la Nación dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria del fallo judicial, administrativo o fiscal, salvo disposición en contrario, la información que de acuerdo con la ley los servidores públicos están obligados a remitir, referida a las sanciones penales y disciplinarias impuestas, y a las causas de inhabilidad que se deriven de las relaciones contractuales con el Estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las declaraciones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas en ejercicio de la acción de repetición o del llamamiento en garantía.

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