INICIO > NOTICIAS > BOLETÍN 347

Por muerte de civiles en operación militar destituyen a dos oficiales del Ejército

Bogotá, viernes 24 de agosto de 2007. El capitán Carlos Francisco Arteaga Polanía y el teniente José Rodrigo Sánchez Flórez fueron destituidos del Ejército Nacional, e inhabilitados por diez años para ocupar cargos públicos, por haber infringido el Derecho Internacional Humanitario. La sanción se produjo al término de un proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría General de la Nación y seguido en contra de ambos oficiales por hechos ocurridos en septiembre de 2002 en jurisdicción del municipio de Cantagallo, sur de Bolívar.

En la decisión de primera instancia, el Ministerio Público también sancionó al mayor Ricardo Martínez Bernal con suspensión del cargo por 90 días y sin derecho a remuneración. A juicio de la institución, el oficial incurrió en una conducta irregular al ordenar que el capitán Arteaga Polanía dotara de armas y material privativo de las Fuerzas Militares a los civiles, quienes sirvieron de informantes y guías en la operación militar.

La investigación disciplinaria se inició de oficio luego de las denuncias presentadas ante los medios de comunicación por los pobladores del corregimiento Brisas de Yanacué, quienes señalaron a los miembros de la unidad militar dirigida por el capitán Arteaga Polanía y el teniente Sánchez Flórez responsables de la muerte de un niño de nueve años y de su padre después de ingresar de manera violenta a la vivienda en la que se encontraban durmiendo las víctimas.

Para la Procuraduría, el capitán Arteaga Polanía y el teniente Sánchez Flórez, no tuvieron en cuenta el principio de proporcionalidad del derecho humanitario que limita a los combatientes y los obliga a tomar precauciones en las operaciones militares para proteger a la población civil. La falta fue considerada como gravísima de acuerdo con lo dispuesto en la ley 734 de 2002.

Además, en el caso del mayor Martínez Bernal y el capitán Arteaga Polanía ambos sancionados violaron el reglamento de las Fuerza Militares que prohíbe que a los guías civiles se les dote de armas debido a que su función no es la de combatir.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 23 de septiembre de 2002. Reportes de inteligencia obtenidos por personal del batallón de artillería Nueva Granada advertían de la presencia en esa área de un grupo armado ilegal, al parecer del frente 24 de las Farc, por lo que se ordenó desplegar una unidad para enfrentarlos.

De acuerdo con lo establecido en la investigación disciplinaria, el mayor Martínez Bernal, jefe de operaciones del batallón, ordenó incluir en la acción a dos informantes debido a que conocían el terreno y podían señalar a los cabecillas catalogados como objetivos de la operación. La responsabilidad del oficial se cuestionó “por haber dado la orden .para que los dos civiles que acompañaron a la unidad fueran armados con fusiles galil 5.56, proveedores y munición”, concluyó la Procuraduría en el caso.

Según el fallo de primera instancia, el mayor Martínez Bernal incurrió en una falta funcional al impartir una orden que contrariaba la normatividad disciplinaria y los reglamentos militares que él conocía dada su jerarquía, el grado de conocimiento y capacitación que tenía, incumpliendo sus deberes, “encontrando la Procuraduría que existen los elementos para hacer un imputación subjetiva a título de dolo”.

En el caso del capitán Arteaga Polanía, el Ministerio Público reprochó su decisión de entregar los fusiles a los guías en el desarrollo de la operación. “Para el oficial no era desconocida la calidad de civiles de los informantes y el hecho de haber cambiado la destinación del armamento constituye una grave irregularidad que conocía por las implicaciones que conllevaba su uso sin el entrenamiento adecuado y sin pertenecer a las Fuerzas Militares poniendo en peligro sus propias vidas y la de los demás”, concluyó el fallo disciplinario.

El oficial tampoco tomó las medidas necesarias en la operación militar para proteger a la población civil de Brisas del Yanacué. Sus subalternos ingresaron al caserío “sin haber impartido órdenes precisas, claras, concretas y eficaces de no disparar indiscriminadamente y proteger a los pobladores”. Entre tanto, el niño y su padre fallecieron mientras se encontraban en su casa durmiendo, y dos personas más resultaron heridas, lo que “constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario”, señaló el organismo de control después de evaluar la conducta del capitán Arteaga Polanía.

Similar reproche hizo la Procuraduría en contra del teniente Sánchez Flórez. Conforme a lo dispuesto en el fallo disciplinario, el oficial, al verse hostigado por la guerrilla intentó responder el ataque permitiendo que uno de los civiles que los acompañaba en calidad de informante ingresara a la casa donde se encontraban las víctimas disparando. “Es responsable directo de las acciones tomadas por sus subalternos al responder el ataque estando en medio de la población civil por lo cual debe responder por las infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, estableció el fallo.

En la decisión, el organismo de control absolvió de responsabilidad a los cabos terceros Diago García Salazar, Giovanni Bejarano Córdoba y Leiden Oviedo Cáceres. Los suboficiales, aunque participaron en la operación no comprometieron su responsabilidad disciplinaria al no encontrarse en el lugar donde se produjo la muerte de los civiles ni tenían mando sobre la unidad militar que se ubicó al pie de la casa de las víctimas.

NOTICIAS 2006

Enero
--------------
Febrero
--------------
Marzo
--------------
Abril
--------------
Mayo
--------------
Junio
--------------
Julio
--------------
Agosto
--------------
Septiembre