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Destituido mayor del Ejército por vínculos con grupos paramilitares

Bogotá, 17 de agosto de 2007. Una inhabilidad de 20 años para ocupar cargos públicos deberá cumplir el mayor del Ejército Nacional, Jorge Enrique Jiménez Troncoso, al ser destituido por la Procuraduría General de la Nación en un proceso disciplinario de primera instancia en el cual se estableció su responsabilidad en actos tendientes a la formación y promoción de grupos armados al margen de la ley. La conducta endilgada al oficial, según el fallo, se produjo durante su desempeño como comandante de una unidad militar acantonada en el municipio antioqueño de Argelia, y en momentos que ejercía el rango de capitán.

De acuerdo con lo establecido por el Ministerio Público, el entonces capitán Jiménez Troncoso actuó “perturbando gravemente la moralidad pública, la transparencia, la eficiencia y en general la buena imagen de la administración de justicia y del Ejército Nacional” mientras tuvo el mando de los escuadrones Brioso I, II, III y IV del Grupo de Caballería Mecanizado Cuatro, Juan del corral en el mes de agosto de 2002.

La investigación disciplinaria en contra el oficial se originó por el asesinato de dos estudiantes de 15 y 17 años, quienes fueron secuestradas de las instalaciones del Hogar Juvenil Campesino de Argelia y sus cuerpos sin vida encontrados horas después en la cancha de fútbol de la institución educativa. Y aunque no se encontró evidencia para responsabilizar al oficial en los crímenes, el organismo de control disciplinario consideró que fue indiferente y tolerante frente al accionar de ‘Valentín Muñoz’, uno de los alias del hombre que dirigía un grupo paramilitar en la región y quien probablemente cometió el doble homicidio de las jóvenes al señalarlas como auxiliadoras de la guerrilla.

Esta conducta, señaló el fallo de primera instancia, la asumió de manera conciente “libre de todo apremio o coacción sin importarle que estuviera violentando de manera injustificada los derechos fundamentales de los ciudadanos de Argelia y con el convencimiento de que al no intervenir directamente, asumiendo una actitud pasiva, tolerante y silenciosa frente al actuar del grupo armado sus actos quedarían impunes o no serían objeto de reproche”.

‘Valentín Muñoz’, quien también se conocía con los alias de ‘Magiver’, ‘El Mono’, y ‘El Orejón’, hacía parte de una estructura paramilitar conocida como “autodefensas del Magdalena Medio” y estuvo durante un año en ese municipio de Antioquia realizando censos de la población y retenes ilegales, cobrando extorsiones a comerciantes de la zona y cometiendo asesinatos selectivos, según testimonios de pobladores corroborados por las autoridades.

La Procuraduría, en la investigación disciplinaria, verificó la versión de por lo menos 15 personas que señalaron los vínculos del entonces capitán Jiménez Troncoso con el grupo paramilitar al mando de ‘Valentín Muñoz’, cuya verdadera identidad es la de Luis Eduardo Zuluaga Vergara, según reportes judiciales.

Para el Ministerio Público, los conocimientos que el militar tenía sobre la situación de la zona, al haber ostentado con anterioridad el cargo de oficial S-2 de inteligencia del Ejército Nacional, su poder de decisión frente a operativos militares que se habían realizado y estaban por ejecutarse en Argelia y el estar al mando de tropa acantonada en ese municipio permitieron establecer que actuó en forma conciente y con pleno conocimiento de su “reprochable proceder, situación que refleja su actuar doloso en la comisión del ilícito”.

La conducta del oficial Jiménez Troncoso fue calificada en el fallo de la Procuraduría como gravísima de acuerdo con lo establecido en el Código Único Disciplinario debido a que la colaboración brindada por el oficial Jiménez Troncoso al grupo armado ilegal “resulta ser más lesivo y ofensivo frente al respeto de los derechos humanos y se configura como un grave atentado contra la seguridad pública y la institucionalidad del Estado. (...) no se puede permitir que para el logro de sus propósitos los servidores públicos que se encuentran investidos de autoridad hagan ley por su propia mano sin tener en cuenta las más elementales normas humanitarias”, concluyó la decisión al imponer al militar investigado la máxima sanción disciplinaria.

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