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Funciones otorgadas al Gobierno para reglamentar algunos aspectos de las ESE es inconstitucional

Bogotá, 10 de agosto de 2007. La autorización dada al Gobierno Nacional para que reglamente la creación y organización de las Empresas Sociales del Estado (ESE) viola la Constitución Política, manifestó el Procurador General de la Nación.

El pronunciamiento surge tras rendir concepto ante la Corte Constitucional, frente a la demanda interpuesta contra el artículo 27 (parcial) de la Ley 1122 de 2007 sobre regulación de las Empresas Sociales del Estado.

La norma le confiere al Gobierno la función de delimitar la estructura orgánica de las ESES’s, su constitución, mecanismos de conformación, objetivos, funciones generales, transformación, organización y operación de las ESE’s, así como las funciones de las juntas directivas y su reglamentación, contrario a lo establecido en la Carta Magna.

Considera el Procurador que estos temas aludidos en el artículo 27 de la citada ley no son competencia del Gobierno sino del Congreso de la República, a menos de que este órgano legislativo le confiera facultades extraordinarias.

Y en ese caso, «es evidente que la intención del legislador nunca fue concederle facultades extraordinarias al Presidente de la República, sino trasladarle irregularmente su atribución sobre la delimitación de la estructura orgánica de las Empresas Sociales del Estado, al igual que la precisión de sus objetivos, sus funciones generales, según el alcance del artículo 150-7, a través de un reglamento gubernamental, que no es el mecanismo constitucional para ejercer la publicitada potestad».

En consecuencia el Procurador General de la Nación solicitó declarara la inexequibilidad de los literales a); b) y d) junto con los parágrafos 1 y 3 del artículo 27 de la ley 1122 de 2007.

 

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