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Gobierno incumple obligaciones con los desplazados, incurre en desacato y amerita acción disciplinaria: PGN

 

Bogotá, 2 de agosto de 2007. La obligación del Gobierno Nacional de implementar indicadores que midan el goce efectivo de derechos de la población desplazada, fue desatendida, por tanto hay elementos para considerar el desacato a la orden de la Corte Constitucional y activar la competencia disciplinaria, consideró el Procurador General de la Nación en su décimo primer informe de seguimiento a la sentencia T.025 de 2004 de ese alto tribunal.

En cumplimiento a la orden dada por el máximo tribunal de lo constitucional, el jefe del Ministerio Público presentó un detallado informe sobre la pertinencia, suficiencia y adecuación de los nuevos indicadores propuestos por el Gobierno Nacional sobre los derechos a la vida, la integridad, la libertad, la seguridad personal, la reparación, la participación, la reunificación familiar, a la generación de ingresos, la vivienda, la salud, la educación, la alimentación, la estabilización económica y la identidad, entre otros derechos sobre los cuales la Corte señaló vacíos y falencias.

En concepto del Procurador, “la información suministrada por el Gobierno está orientada a reiterar los plazos propuestos inicialmente y no a superar los obstáculos encontrados por la Corte Constitucional para su aplicación”, es decir que el Gobierno no acató la orden proferida por ese tribunal desde que falló la acción de tutela T-025 de 2004 hasta la fecha.

La conclusión general de la Procuraduría advierte que “A tres años y medio de expedida la sentencia en comento, la Procuraduría General sigue encontrando en las aplicaciones de su Modelo de Seguimiento, en sus visitas de inspección y en el análisis de las quejas que recibe de la población desplazada, fallas protuberantes en todas las etapas de atención al desplazamiento forzado”.

En cuanto a la prevención, señala que las alertas siguen siendo inanes y presenta ejemplos puntales de desatención a las mismas, denuncia que continúa la falta de atención a las víctimas del desplazamiento forzado, y que ante los requerimientos se reciben respuestas con justificaciones inaceptables y en ocasiones con información contraria a los hechos.

Sobre la calidad de los alimentos entregados a las familias de desplazados, se han registrado nuevas quejas documentadas como el caso de la comunidad de desplazados de Medellín a quienes les entregaron latas de sardinas no aptas para el consumo humano, y continuaron entregando el alimento descompuesto pese a las advertencias hechas y el concepto de la secretaría de salud.

Cuestiona además el Ministerio Público la adecuación del esfuerzo presupuestal del Gobierno Nacional, pues con base en un estudio hecho al respecto por la Contraloría General de la República, los recursos asignados son deficitarios, y no solo los asignados para tal fin desde el gobierno central, sino también los dispuestos por las entidades territoriales en cumplimiento de sus obligaciones de concurrencia, subsidiariedad y complementación.

“Por lo antes expuesto y tantas veces reiterado en numerosos informes a la opinión pública y a la Honorable Corte Constitucional y como tuve oportunidad de manifestar en el congreso realizado los días 17 y 18 de los presentes mes y año, este organismo de control considera que está suficientemente demostrado que el gobierno nacional no ha cumplido en debida forma con las obligaciones que la legislación nacional e internacional le imponen, ni con las órdenes contenidas en la sentencia T-025 de 2004”

Este nuevo estudio realizado por la Procuraduría General de la Nación, otorgó además la información necesaria para activar la función disciplinaria, por eso el Procurador dio traslado a las diferentes instancias del Ministerio Público “para que estudien la viabilidad de activar la competencia disciplinaria en los casos en que lo consideren pertinente”.

A continuación el texto completo del «DÉCIMO PRIMER INFORME DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A LA CORTE CONSTITUCIONAL EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL AUTO DEL 26 DE JUNIO DE 2007, SOBRE LA OBLIGACIÓN DEL GOBIERNO DE IMPLEMENTAR INDICADORES QUE MIDAN EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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