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Decisiones en el departamento de Norte de Santander

 

Bogotá, 1 de agosto de 2007.A continuación se presentan algunas de las decisiones proferidas por la Procuraduría Regional de Norte de Santander, en cumplimiento de su función disciplinaria.

Procuraduría multa a interventor de contrato de obras en Villacaro (Norte de Santander)

Mediante fallo de segunda instancia, la Procuraduría Regional de Norte de Santander, confirmó la multa equivalente a 50 salarios mínimos legales vigentes e inhabilidad para ejercer funciones públicas por tres años, proferida contra el señor Javier Rojas Ortega, por irregularidades cometidas en ejercicio de su función como interventor de un contrato de obra suscrito en noviembre de 2002.

Las irregularidades se relacionan con el contrato suscrito entre el municipio de Villacaro (Norte de Santander) y la arquitecta Betty Cárdenas Moncada para la remodelación de cocinas de viviendas del sector rural.

La Procuraduría estableció que el señor Rojas Ortega se extralimitó en el ejercicio de sus funciones como interventor al certificar las actas de recibo final de las obras y de liquidación, pese a que las obras no fueron cumplidas a cabalidad, ni en cantidad, ni en calidad por la contratista.

Sancionado alcalde de Abrego

Por no adquirir el seguro de vida para amparar a los concejales del municipio de Abrego, la Procuraduría Regional de Norte de Santander suspendió por 60 días al señor Carmen Iván Pérez Ortíz, quien se desempeñaba como alcalde de ese municipio para la época de los hechos.

El funcionario justificó su omisión en la ausencia de la autorización del Concejo municipal, argumentó que no fue aceptado por el ministerio público, «ya que independientemente de no haber existido la misma, era deber funcional del procesado agotar todos los mecanismos necesarios para obtenerla y brindar esa garantía de protección a los concejales municipales».

Concluye además, que el mandatario, ha debido indicarles a los ediles que requería esa autorización para la suscripción del contrato de seguro, pues al no hacerlo «convalidó su falta de gestión al respecto».

Fallo de segunda instancia,

Destituidos e inhabilitados ex alcalde y ex tesorero del municipio de Hacarí

Con destitución del cargo e inhabilidad general para el desempeño de funciones públicas por 12 años, fue sancionado por la Procuraduría el ex alcalde del municipio de Hacarí (Norte de Santander) Yoni Alfonso Paez Ramírez, por abuso de sus funciones como mandatario municipal.

La sanción de destitución también cobija al señor Willinton Galván Herrera, en su condición de Tesorero del citado municipio quien también fue inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos.

El señor Paez Ramírez, faltando tan solo un día para culminar su periodo como alcalde, desvió 146 millones de pesos de la cuenta correspondiente al régimen subsidiado, a una cuenta denominada ingresos corrientes de la Nación para luego emplearlos en el pago de obligaciones pendientes, siendo que éstos recursos tenían destinación específica, de acuerdo con lo estipulado en la ley.

Las pruebas permitieron «definir la existencia del hecho y el consecuente abuso de funciones en el que incurrieron los implicados para la obtención de sus propios intereses económicos».

Se comprobó que «los dineros fueron reintegrados a su cuenta de origen en la misma vigencia, aún cuando lo hizo el sucesor de Paez Ramírez».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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