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Pliego de cargos contra ocho militares por muerte de campesino en Apartadó, Antioquia

Bogotá, domingo 29 de julio de 2007. 8:00 a.m. La Procuraduría General de la Nación dictó pliego de cargos contra ocho miembros del Ejército Nacional por estar posiblemente involucrados en la muerte de Edilberto Vásquez Cardona, a quien presentaron ante la opinión pública como subversivo del frente quinto de las FARC muerto en combate.

Se trata del Sargento Segundo Fredy Torres Botero, el Cabo Primero Regino Ceren Paz y los Soldados Profesionales Cesar Duvan Ciro Martínez, Fernando Hinestroza, Nelson Viloria Avendaño, German Martínez Gómez, Y Adelson Padilla Ramos, servidores pertenecientes a la Compañía Depredador del Batallón de Infantería No. 46 “Voltígeros” de Carepa (Ant), a quienes se les investiga por la ejecución en condiciones de indefensión de este campesino de la Comunidad de Paz de Apartadó.

Los hechos ocurrieron el 12 de enero de 2006 en la vereda Guineo Alto, Corregimiento de San José de Apartadó, jurisdicción de Apartadó Antioquia cuando el grupo de militares se encontraban desarrollando la orden de operación Fénix cuyo objetivo era desarticular la Compañía Otoniel Álvarez de la Quinta cuadrilla de las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia FARC.

De acuerdo a las versiones de los servidores públicos involucrados, estos reaccionaron ante el ataque de un frente de las Farc, por lo que dispararon en múltiples oportunidades sus armas de dotación, causando la muerte en combate del señor Vasquez Cardona y la huida de los demás subversivos. Informaron que junto al cuerpo encontraron una granada de mano, dos proveedores para fusil galil 5.56, 86 cartuchos calibre 5.56, un equipo de campaña y un radio scanner vertex.

Por su parte, la Comunidad de Paz de Apartadó informó que la víctima se encontraba en su casa con su hijo menor de edad cuando llegaron los militares, lo trasladaron a un sitio distante unos 20 minutos del lugar de residencia, y le dieron muerte, estos hechos se encuentran corroborados con el testimonio del menor.

Estas versiones y al menos 100 pruebas más recaudadas por el Ministerio Público, permitieron establecer como hechos ciertos que el señor Edilberto Vasquez Cardona recibió cinco impactos de bala, cuatro de ellos por la espalda; que los análisis químicos practicados mostraron que la víctima no disparó arma de fuego alguna, lo que desvirtúa la versión de que haya participado en un combate.

Se probó además que el material de guerra reportado como incautado en las operaciones presentaba serias deficiencias como que los proveedores para fusil presentaban un avanzado estado de oxidación, que uno de ellos registraba problemas en el mecanismo de funcionamiento y que el radio de comunicaciones no funcionaba, lo que genera dudas pues no es posible que los integrantes de este grupo subversivo desplegaran acciones delictivas en contra de la Fuerza Pública, utilizando material de guerra y de comunicaciones que no servían.

No es claro para la Procuraduría además, el hecho de que si la víctima era parte de un grupo armado y no contaba con un arma, por qué no usó la granada contra los miembros de la Compañía Depredador. Por estas, entre otras razones dictó pliego de cargos y escuchará las explicaciones sobre lo sucedido que en principio pareciera ser una flagrante violación a la Constitución Nacional, a la Ley Colombiana y al Derecho Internacional Humanitario.

Señala el pliego de cargos que “Los servidores públicos investigados, pertenecientes a la Compañía “Depredador” del Batallón de Infantería No. 46 “Voltígeros” de Carepa (Ant), habrían incurrido en conducta disciplinable al ejecutar en condiciones de indefensión al señor Edilberto Vasquez Cardona, en desarrollo de la Operación Militar “FENIX” Misión táctica No. 5 “ESCORPIÓN”, en hechos sucedidos el 12 de enero de 2006 en la Vereda Guineo Alto del Corregimiento de San José de Apartado, jurisdicción del municipio de Apartadó (Ant), desconociendo con su actuar los deberes que como servidores públicos deben observar en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, concretamente, por la infracción del deber de respetar el derecho a la vida. Además las pruebas obrantes en la actuación disciplinaria indican que los servidores públicos para justificar su conducta, habrían simulado un combate para presentar la muerte de estas personas como reacción legítima ante la agresión de su parte.”

Adicionalmente considera el Ministerio Público que de las pruebas recaudadas hasta el momento se infiere que “la conducta se habría realizado con DOLO, ya que existen elementos que señalan que los miembros de la fuerza pública, incurrieron en hechos irregulares con pleno conocimiento, aceptación del resultado y sus consecuencias”

Finalmente en desarrollo de esta investigación, que se inició tras el ejercicio del poder preferente y el traslado de las actuaciones disciplinarias iniciadas por la Brigada XVll del Ejército Nacional en Carepa (Ant), se logró probar que el soldado Profesional Jorge William Quinto Mosquera, portaba una ametralladora MGL, la cual no hizo uso en contra de los presuntos subversivos que atacaban a la tropa, hecho que se encuentra corroborado razón por la cual se ordenó el archivo del proceso a su favor.

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