INICIO > NOTICIAS > BOLETÍN 295

Decisiones de la Procuraduría Provincial de Pereira (Risaralda)

Bogotá, sábado 21 de julio de 2007. A continuación se presentan algunas de las decisiones adoptadas por la Procuraduría General de la Nación, a través de su Procuraduría Provincial de Pereira (Risaralda).

PGN suspende provisionalmente a gerente del Hospital San Rafael de Pueblo Rico

La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente por tres meses al señor Isnardo Uribe Mesa, en su condición de gerente de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Pueblo Rico (Risaralda), por haberse posesionado en el citado cargo y encontrarse desempeñando éste pese a la existencia de una inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas como consecuencia de una sentencia penal.

Las pruebas indican que el 3 de marzo de 2006, el Juzgado promiscuo del Circuito de Apia (Risaralda) halló responsable al señor Uribe Mesa del delito de peculado por apropiación y lo condenó a la pena principal de nueve meses de prisión; inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa por valor de $1.460.820.

En consecuencia, la Procuraduría ordenó la suspensión provisional como medida preventiva, teniendo en cuenta que la permanencia de este funcionario en el cargo posibilita que éste continúe desconociendo la inhabilidad constitucional y el fallo penal debidamente ejecutoriado.

Por hechos ocurridos en julio de 2002, destituida ex secretaria de jurídica del municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda)

Mediante fallo de primera instancia, la Procuraduría Provincial de Pereira destituyó e inhabilitó por 17 años y 5 meses para ejercer funciones públicas a la ex secretaria jurídica del municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), Lucila Astrid Acevedo López por hechos relacionados con un soborno por 20 millones de pesos.

La investigación concluyó que la ex funcionaria solicitó a una ARS la suma de 20 millones de pesos a cambio de revocar una resolución mediante la cual la Alcaldía de ese municipio había declarado la caducidad de un contrato para la prestación del servicio de salud en el régimen subsidiado.

Cuando la situación se suscitó, el representante legal de la ARS denunció el hecho ante la Fiscalía. «Enterada la Fiscalía, con sedes en Bogotá y en Pereira, de los hechos denunciados, viajó a la ciudad de Pereira, en compañía del otro abogado de la empresa, doctor Ramiro Vargas Diaz, para la entrega supuesta de $20.000.000 a la señora Astrid Acevedo en la ciudad de Santa Rosa de Cabal Risaralda, representados en un fajo artificial de billetes».

La falta se clasificó como gravísima cometida a título de dolo de acuerdo con la ley 734 del 2002.