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Fallo de primera instancia

Por ejecuciones en la Esperanza (Norte de Santander) destituidos nueve militares

Bogotá, 10 de julio de 2007. Una de las sanciones más altas fue proferida por la Procuraduría General de la Nación contra nueve militares sancionados disciplinariamente, por la injustificada muerte de un funcionario municipal (Coordinador de Desarrollo Rural) y de un campesino en la vereda Los Planes, jurisdicción del municipio de La Esperanza, Norte de Santander.

Con destitución e inhabilidad de 20 años para ocupar cargos públicos y contratar con el Estado, fueron afectados los miembros del Batallón de Infantería No. 14 Antonio Ricaurte del Ejército Nacional, Capitán William Lara Ramírez y los Soldados Profesionales, Jaime Caballero Gualtero, Enrique Meza Gómez, Cristian Santos Rey, William Efrén Plata Prada, Marco Yesid Araque Quintero, Cristian Durán Arguello, Nelson Ortiz casanova y Edgar Araque Pérez.

A los militares afectados con la sanción disciplinaria el ministerio público los encontró responsables de la muerte de los señores Edison Alberto Martínez Pacheco, Promotor de Desarrollo Rural del municipio de La Esperanza y del campesino Edyt Salcedo Vergel, quienes fueron ultimados por los miembros de la fuerza pública en forma injustificada y en condición de indefensión, en una operación militar que se llevó a cabo el día 31 de mayo de 2005 en la vereda Los Planes, donde según afirmaron los militares afectados con la destitución, fueron dados de baja dos integrantes de las Autodefensas en un aparente enfrentamiento con las fuerzas del orden.

“De acuerdo a las pruebas, los servidores públicos actuaron en todo momento de manera conciente, libre y voluntaria, tampoco les era ajena la ilicitud de su comportamiento y al desconocimiento de su deber de respetar el derecho a la vida de los señores Edison Alberto Martínez Pacheco y Edyt Salcedo Vergel, le siguió la simulación de un combate, la alteración de la escena de los hechos y la manipulación de los cuerpos, situaciones que denotan la extrema gravedad de la conducta y el descrédito al que sometieron a la institución militar con el consecuente saldo negativo por el quebranto de legitimidad ante los administrados, reproche que debe alzarse con mayor acento contra el Capitán William Lara Ramírez, quien por su condición de oficial al mando de la unidad militar, tenía a su cargo un mayor deber de buen ejemplo ante sus subalternos”, reza el fallo de primera instancia de la Procuraduría General de la Nación.

Las mismas pruebas determinaron además que, los militares al evidenciar que los muertos no eran paramilitares sino civiles ajenos al conflicto armado, idearon un combate y para tal fin alteraron la escena de los hechos, dispararon armas cortas que luego fueron sutilmente puestas junto a los cuerpos para hacer pensar a las autoridades, a sus superiores y a la opinión pública, que las víctimas las traían y las usaron en su contra, obligando la contundente respuesta de la unidad militar, agrega la sanción disciplinaria del ministerio público.


Igualmente la Procuraduría General de la Nación indicó en la determinación disciplinaria sobre la alteración de la escena y manipulación de los cadáveres, que los militares quemaron algunos elementos que llevaba una de las víctimas en un bolso cuyos fragmentos fueron luego recuperados en la escena y reconocidos por sus familiares y además, requisaron los cuerpos, sacaron sus documentos y después por el apuro de las circunstancias, equivocaron la colocación de los mismos dejando la cédula de Edyt Salcedo Salcedo Vergel en la billetera de Edison Martínez Pacheco.

Para el ministerio público, el conjunto de pruebas permite concluir que “los servidores públicos investigados incurrieron en falta disciplinaria por infracción grave de las normas del derecho internacional humanitario, al haberle causado intencional e injustificadamente la muerte a dos civiles en condiciones de indefensión, conducta que se realizó a título de dolo, por lo cual se hacen merecedores a la imposición de la sanción disciplinaria que el Código Disciplinario Único contempla para este tipo de ilicitudes.”

Señala el fallo, que la determinación de destitución e inhabilidad general de los servidores del Ejército Nacional, se adoptó al verificarse el desconocimiento de los deberes fijados por el artículo 3º Común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, que prohíbe, en cualquier tiempo y lugar, los atentados contra la vida e integridad personal de los civiles ajenos al conflicto armado, especialmente el homicidio en cualquiera de sus formas.

Por último el fallo de primera instancia determina oficiar al Comandante del Ejército Nacional, para hacer efectiva la sanción y se recuerda que contra la presente sanción procede el recurso de apelación que será resulto en última instancia por el despacho del Procurador General de la Nación.