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Fallo del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca:

Tutela presentada por el ex alcalde de Cali contra la Procuraduría es improcedente

Bogotá, 9 de julio de 2007. Improcedente declaró el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca la acción de tutela que presentó contra la Procuraduría General de la Nación, el ex_ alcalde de Santiago de Cali Apolinar Salcedo, destituido por graves irregularidades en la celebración del contrato suscrito para la modernización y optimización de la gestión tributaria a cargo del municipio de Santiago de Cali.

De esta manera, se mantiene la sanción de destitución e inhabilidad de 14 años impuesta, pese a la pretensión del burgomaestre de utilizar la acción de tutela para regresar a su cargo, argumentando no su inocencia, sino entre otros, que la Procuraduría General de la Nación no le notificó la decisión tomada en su contra en sistema braille, usado por las personas invidentes

El ex alcalde, quien es abogado de profesión, intentó obtener una tercera instancia invocando además, supuestas violaciones a la igualdad, al debido proceso, a los principio de la legalidad, seguridad y al derecho al trabajo, que fueron de plano rechazados por el juez de tutela quien no solo no vislumbró ninguna posible violación a los derechos constitucionales sino que además dejó claro que el alcalde no puede acudir a la acción de tutela cuando ya había radicado una acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción competente.

Adicionalmente el Consejo Seccional recordó que el ex alcalde ejerció su cargo por más de tres años sin requerir para ello utilizar en su día a día, el especializado sistema de escritura que hoy exige de la Procuraduría y agregó que “no se atisba irracionalidad, capricho o arbitrariedad” en los procedimientos disciplinarios.

Como se recordará el señor Salcedo fue destituido tras encontrarse múltiples irregularidades en el proceso que rodeó la licitación adjudicada, violando los más elementales principios contractuales legales, comprometiendo dineros que serían recaudados en los próximos 14 años, sin la autorización del cabildo municipal y fijando en cien millones de pesos, el valor fiscal del contrato, suma sobre la cual el contratista tenía que suscribir la póliza de cumplimiento que garantizaría las obligaciones contraídas con la administración municipal, poniendo además en riesgo el dinero de la ciudad, por cuanto dicha suma se aleja sensiblemente de la realidad, pues se había establecido que el pago al contratista, sería del 2.8% del total de los dineros recaudados en los 15 años de vigencia del contrato.

Para la Procuraduría General de la Nación está plenamente probada la responsabilidad del alcalde Apolinar Salcedo en las irregularidades relacionadas y rechaza sus argumentos según los cuales habría incurrido en violación al debido proceso, el derecho a la igualdad y el derecho al trabajo bajo diferentes argumentos desestimados por el juez de tutela.