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Confirman destitución de alcalde de Altamira, por entregar auxilios a particulares

Bogotá, sábado 7 de julio de 2007. La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la destitución proferida contra el actual alcalde de Altamira, Huila, Gerardo Roa Medina, por irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

El señor Roa Medina, fue encontrado responsable de haber ordenado mediante ocho resoluciones expedidas entre los meses de enero y marzo de 2004, la entrega a particulares en forma directa, de recursos del presupuesto del municipio con destino a la población vulnerable, para cubrir gastos de transporte, alimentación o estadía en otro lugar distinto a la localidad mencionada, o para practicarse o someterse a exámenes o tratamientos médicos, a particulares, bajo el argumento de ser consideradas esas necesidades como básicas insatisfechas, de encontrar que las personas beneficiadas con el auxilio, se enmarcaban dentro del grupo de personas vulnerables y que se trataba de urgencia extrema.

Para la Procuraduría General de la Nación este hecho resulta irregular, toda vez que,  el Municipio de Altamira, contaba con una Unidad Administrativa Especial de Salud, que podía celebrar convenios y contratos con otros centros médicos, para atender a los personas que requerían el servicio de salud, en forma inmediata.

Igualmente se le cuestionó por haber suscrito varias órdenes de prestación de servicios y de pedidos, para la adquisición de elementos de papelería y fotocopiado con un establecimiento comercial  donde trabajaba la hermana del burgomaestre Nury Roa Medina, al parecer para favorecerla, ya que la señora mencionada fungía como administradora del local comercial, y como tal, recibía el 30% sobre todo lo que allí se vendiera.

Para la Sala Disciplinaria es claro “que existiendo otras alternativas la Alcaldía Municipal a cargo del disciplinado se dedicó a contratar solamente a una persona cuyos servicios iban a generar beneficio en la hermana del señor Alcalde, pudiendo acudir a otros proveedores, los cuales se dejaron de lado para garantizar el logro de los fines de favorecimiento que se le han reprochado en estas diligencias:”

 Para el ministerio público los dos cargos formulados contra el disciplinado están plenamente demostrados y por tal razón confirma la sanción de destitución, pero, modifico la inhabilidad de 15 a 10 años, para ejercer funciones públicas y contratar con el Estado. En el fallo de última instancia se solicita al Gobernador del Departamento de Huila, hacer efectiva la sanción disciplinaria.