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Procuraduría pide a Consejo de Estado mantener investidura del senador William Montes

Bogotá, 3 de julio de 2007. La Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo de Estado negar la solicitud de pérdida de investidura, presentada por un ciudadano contra el senador conservador, William Montes por un presunto conflicto de interés, por haber participado en la discusión y votación de la Ley 975 de 2005, conocida como la ley de justicia y paz, que estableció beneficios penales para grupos al margen de la ley que se desmovilicen a partir de su vigencia.

Para el ministerio público en este caso no existió el conflicto de intereses narrado en la demanda de perdida de investidura, ya que el dirigente político conservador, no participó en la discusión y aprobación de la denominada ley de justicia y paz, teniendo en cuenta que solo asistió a la sesión inaugural del 17 de junio de 2005, sin haber intervenido en las discusiones.

Igualmente se comprobó que dejó de asistir a la sesión del Senado de la República del 20 de junio de 2005 en la cual se votó en bloque el articulado del proyecto de ley, y a la de fecha 22 de junio del mismo año, en la que se aprobó el informe de conciliación, tal como lo registra las actas números 54 y 56 de 2005, aclarado que en esta última, dentro del llamado a lista, aparece relacionado el senador William Alfonso Montes Medina, por error de la Secretaría General del Senado.

El ministerio público indicó en su concepto ante la alta corporación de lo contencioso administrativo, que la inasistencia del Senador a los debates sobre la ley de justicia y paz, se debió a que se encontraba fuera del país, tal como lo certifica la División de Extranjería del Departamento Administrativo de Seguridad, (DAS) y las comunicaciones del Secretario General del Senado remitidas a la Secretaria de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Para el ministerio público las pretensiones de la demanda de perdida de investidura, no están dadas a prosperar, ya que esta comprobado que el Senador William Montes, uno de los firmantes del pacto de Ralito en julio de 2001, no participó en la discusión y votación de la Ley 975 de 2005 y por tal razón solicita al Consejo de Estado negar la solicitud de pérdida de investidura.