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Procuraduría destituyó a defensor de familia por ocupar cargo a pesar de estar inhabilitado

Bogotá, lunes 2 de julio de 2007. Por continuar en el cargo de defensor de familia en San José del Guaviare a pesar de estar inhabilitado para ocupar el cargo, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años para ocupar cargos público y contratar con el Estado, al abogado Pablo Ariel Gómez Vargas.

Al señor Gómez Vargas el ministerio público le formuló pliego de cargos y lo sancionó por continuar en el cargo violando lo establecido en el Código del Menor que determina inhabilidad para ocupar el cargo de Defensor de Familia a quienes tengan en su contra antecedentes penales.

Contra el señor Pablo Ariel Gómez Vargas, el Tribunal Superior de Villavicencio, profirió condena de multa de 10 salarios mínimos e interdicción de derechos y funciones públicas por un periodo de seis meses por haber incurrido en el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, por hechos sucedidos, en el año de 1998, cuando se desempeño como Juez Promiscuo Municipal de San José del Guaviare, Departamento de Guaviare.

“El investigado Pablo Ariel Gómez vargas, poseía al momento de los hechos, vasta experiencia como Defensor de Familia y como profesional del derecho, que había ejercido el cargo de Juez de la República, se colige en ese efecto, que conocía la normatividad respecto de los derechos, deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses que le correspondía para el ejercicio de su cargo y por lo tanto, conocía de la normatividad impeditiva ante la ocurrencia de una inhabilidad sobreviviente y que lo obligaba a observar las normas antes señaladas, agrego la Procuraduría en el fallo de primera instancia.

De la misma manera, conocía que con fundamento en el artículo 6 de la Constitución política, los servidores públicos no solo son responsables por violación de la constitución y las leyes, sino también por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, reza el fallo de primera instancia la Procuraduría General de la Nación, contra el Defensor de Familia Gómez Vargas.

Por lo expuesto la Procuraduría profirió sanción de destitución e inhabilidad de 10 años para ejercer funciones públicas, contra el abogado Pablo Ariel Gómez Vargas. Contra la sanción disciplinaria procede el recurso de apelación que será resulto por el despacho del Procurador General de la Nación.