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Corte Constitucional atiende solicitud de la PGN y revoca acciones de tutela que favorecían a 92 docentes

Bogotá, lunes 2 de julio de 2007. Atendiendo una insistencia de la Procuraduría, la Corte Constitucional seleccionó y revocó las sentencias proferidas por el Juez Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena contra Cajanal. En efecto, la primera acción de tutela fue a favor de 51 docentes y la segunda, a favor de 41. En ambas ordenaba a Cajanal el reconocimiento y pago de pensiones de jubilación y el pago de retroactivos pensionales, más sus intereses.

En su solicitud el Procurador General manifestó su preocupación por la incidencia económica que para las finanzas públicas del país representa esta situación y el hecho de que «algunos de los docentes reciben actualmente pensión reconocida por el fondo de prestaciones sociales del magisterio, otros se encuentran activos y otros más, tienen la doble condición de pensionados y activos».

La alta corporación mediante sentencias T- 199 y 307 de 2007, revocó y declaró improcedente las acciones de tutela concedidas, además, previno al Juez de instancia que conoció de los asuntos, para que en lo sucesivo y en aquellos casos en que se solicite la protección de derechos fundamentales con ocasión de actuaciones administrativas, ajuste su conducta al régimen de procedibilidad de la acción de tutela contenido en la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991 en los términos de las sentencias.

Adicionalmente, se estableció que:

  1. Existían otros mecanismos de protección judicial de los derechos fundamentales supuestamente vulnerados.
  2. La acción de tutela fue ejercida después de agotada la actuación administrativa, desconociendo la naturaleza de la inmediatez de la acción y su carácter de mecanismo subsidiario no diseñado para revivir términos vencidos.
  3. El juez de instancia terminó pronunciándose sobre asuntos de estirpe legal desconociendo el propósito fundamental de la acción de tutela que es la protección de los derechos fundamentales.

El jefe del ministerio público consideró que la decisión de la Corte Constitucional despeja muchas de las inquietudes relacionadas con la transparencia en que se están produciendo las decisiones de tutela contra entidades estatales como el caso de Cajanal.