INICIO > NOTICIAS > BOLETÍN 249

Mañana entran en vigencia restricciones en contratación por elecciones del 28 de octubre

Bogotá, 27 de junio de 2007. Con el fin de garantizar la transparencia en el proceso electoral previsto para este próximo 28 de octubre, la Procuraduría General de la Nación impartió instrucciones puntuales a los servidores públicos en materia de contratación estatal.

El objetivo primordial de esta directiva unificada, emanada del despacho del Procurador General, es prevenir “la destinación indebida de recursos públicos con criterios partidistas y la contratación indebida con los mismos propósitos”.

En tal sentido, el jefe del ministerio público solicitó a los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital que:

Dentro de los cuatro meses anteriores a los comicios deberán abstenerse de celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos e inaugurar obras públicas, o programas de carácter social en eventos en que participen candidatos a las elecciones o voceros de éstos.

Los bienes muebles e inmuebles del Estado de carácter público no podrán ser utilizados para actividades proselitistas, ni se pueden arrendar o facilitar para el alojamiento o transporte de electores o de candidatos a cargos de elección popular.

Recordó también que a partir de mañana, 28 de junio, no se podrá realizar ningún nombramiento ni hacer modificaciones a las nóminas de entidades o entes territoriales, a menos de que se trate de provisión de cargos por muerte o renuncia irrevocable debidamente aceptada, así como los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa.

En su directiva, el jefe del ministerio público indicó que durante los próximos cuatro meses, solo se podrán realizar procesos de acuerdo con los cronogramas preestablecidos y con los planes de desarrollo aprobados y presupuestados con la debida antelación. Dichos contratos deben desarrollarse con absoluto apego a las normas sobre contratación estatal vigentes.

La suscripción de cualquier tipo de contrato de prestación de servicios, cuando el objeto contractual pueda ser ejecutado por personal de planta, esta expresamente prohibida, señaló el Procurador al tiempo que enfatizó que se trataría de una nómina paralela, actuación sancionada por el Código Único Disciplinario hasta con destitución e inhabilidad permanente.

Ningún funcionario público que sugiera al Gobierno nacional proyectos de inversión regional, podrá intervenir en la ejecución de los recursos, o en cualquier etapa del proceso contractual, pues es exclusiva responsabilidad del representante legal del ente territorial.

Se pronunció también sobre la prohibición de realizar traslados y adiciones presupuestales, la aplicación de políticas de austeridad, la ejecución de obras y actividades financiadas con recursos extranjeros, para que se evite conducir a la comunidad a confusión por medio de publicidad relativa al patrocinador de la obra.

Advirtió con especial énfasis sobre la prohibición de utilizar con fines partidistas el sistema subsidiado de salud – SISBEN, y recordó a las autoridades municipales encargadas de la recolección, actualización de las bases de datos y carnetización de beneficiarios de programas sociales, que esta expresamente prohibido por la ley, utilizar tales programas para favorecer o perjudicar candidatos o causas políticas.

Finalmente, el Procurador exigió a los ciudadanos para que participen como veedores de las conductas de los servidores públicos y denuncien cualquier irregularidad que afecte el normal desarrollo de este proceso electoral.

Toda la información sobre las normas vigentes a propósito de las elecciones del próximo 28 de octubre, puede ser consultada en nuestra página web, www.procuraduria.gov.co.: “Elecciones 2007, libres y soberanas”.
A continuación el texto completo de la directiva unificada 0005 del 14 de mayo de 2007:

 

DIRECTIVA UNIFICADA No. 005
Mayo de 2007

Contentiva de instrucciones para los servidores públicos en materia de Contratación Estatal en relación con la jornada electoral del 28 de octubre de 2007,

El Procurador General de la Nación, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, en especial las señaladas en el artículo 277 de la Constitución Política y el artículo 7o. numerales 2, 7 y 16 del Decreto-ley 262 de febrero 22 de 2000, que le atribuye la función de ejercer la vigilancia superior de la conducta de los servidores públicos, así como de establecer mecanismos e impartir instrucciones a los funcionarios y empleados del Ministerio Público y demás servidores públicos para prevenir irregularidades que afecten el adecuado desarrollo del proceso electoral, se permite señalar los criterios necesarios para la realización del control preventivo y represivo disciplinario en asuntos de tal orden, sobre conductas relativas indebida destinación de recursos públicos con criterios partidistas y contratación indebida con los mismos propósitos, así como de establecer directrices de control y vigilancia electoral en las elecciones de Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Juntas Administradores Locales, que se llevarán a cabo el día 28 de octubre de 2007.

Con el fin de garantizar la transparencia del proceso electoral y prevenir la indebida participación en política de los servidores públicos, y la desviación de recursos con fines partidistas el Procurador General de la Nación requiere a las autoridades públicas para que celosamente actúen con la imparcialidad exigida por la ley en los procesos electorales que tendrán lugar en el próximo mes de octubre.

En este sentido, el Procurador General de la Nación les solicita a los servidores públicos:

1) Atender las prohibiciones que por virtud de la ley 996 de 2005 y la sentencia de Constitucionalidad C-1153 de 2005 aplican, en materia de contratación estatal, utilización de muebles e inmuebles, inauguración de obras públicas y modificación de la nómina:

a. Los Gobernadores, Alcaldes Municipales y/o Distritales, Secretarios, Gerentes y directores de Entidades Descentralizadas del orden Municipal, Departamental o Distrital, dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista.

b. Deberán abstenerse de inaugurar obras públicas durante los cuatro meses anteriores al debate electoral del 28 de Octubre de 2007 o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos a Gobernaciones, Asambleas Departamentales, Alcaldes y Concejos Municipales y Distritales. Tampoco podrán participar voceros de los anteriores candidatos.

c. No podrán autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas, ni para facilitar el alojamiento, ni el transporte de electores de candidatos a cargos de elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos.

d. La nómina del respectivo ente territorial o entidad no se podrá modificar dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, salvo que se trate de provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa.

2) Cumplir a cabalidad con la normatividad sobre Contratación Estatal establecida, y realizar los procesos de contratación de acuerdo a los principios de transparencia, economía, responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa:

Con antelación al proceso licitatorio o de contratación directa, los responsables de su ejecución deben realizar los análisis de conveniencia y oportunidad, estudios de prefactibilidad y factibilidad y cuando sea necesario implementar los diseños y planos, y como mínimo se ha de tener en cuenta:

- La definición de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación.
- La definición técnica de la forma en que la entidad puede satisfacer su necesidad, que entre otros puede corresponder a un proyecto, estudio, diseño o prediseño.
- las condiciones del contrato a celebrar tales como objeto, plazo y lugar de ejecución del mismo.
- El soporte técnico y económico del valor estimado del contrato
- El análisis de los riesgos de la contratación y en consecuencia el nivel y extensión de los riesgos que deben ser amparados por el contratista.
- Cualquiera que sea la modalidad de la contratación, contar previamente con las autorizaciones de la Asamblea o Concejo, si así lo dispone la Constitución y la Ley. Igualmente lo que concierne a las licencias ambientales, de construcción y certificado de disponibilidad presupuestal , etc.

3) Abstenerse de realizar traslados y adiciones presupuestales, así como realizar inversiones públicas modificando el cronograma fijado para las entidades en los Planes Nacional, Departamental y Municipal de Desarrollo, o en los convenios de desempeño, con el propósito de favorecer causas y campañas políticas y campañas partidistas, evitando que con la ejecución del presupuesto público se favorezcan intereses personales, particulares y políticos, a favor de uno u otro candidato.

4) Realizar los procesos contractuales de acuerdo con los cronogramas de actividades y según los planes de desarrollo y los respectivos presupuestos. En los casos de licitaciones públicas y de contratación directa, se sugiere que, en aras de mayor transparencia, las adjudicaciones se lleven a cabo en audiencia pública, además de velar por la garantía de los principios de la función administrativa, de la publicidad y de la selección objetiva.

5) Abstenerse de suscribir contratos de simple prestación de servicios o de prestación de servicios profesionales cuando los objetos de los eventuales negocios jurídicos puedan ser ejecutados por el personal de planta de la entidad, de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles cuando las dependencias de la entidad ofrezcan condiciones adecuadas para la prestación del servicio. La indebida suscripción de contratos de prestación de servicios, para ejercer funciones administrativas, de asesorías profesionales, contrarias a las normas de contratación, constituyen nóminas paralelas que vulneran normas penales, presupuestales, de contratación y disciplinarias gravísimas sancionables con destitución del cargo.

6) Las autoridades administrativas deberán aplicar las políticas de austeridad del Gobierno Nacional, realizando un control sobre el suministro de combustibles a los vehículos, mantenimiento, reparación y utilización de los mismos. Así mismo, los jefes de los organismos, deberán velar para que los vehículos del parque automotor de la entidad, no sean indebidamente utilizados para facilitar el ejercicio de actividades partidistas, ejerciendo un debido control interno sobre los funcionarios subalternos a quienes se les asignan vehículos, maquinaria y equipos.

7) Las obras y demás actividades financiadas con recursos extranjeros, en especial los del Plan Colombia, serán ejecutadas por las personas competentes, evitando conducir a la comunidad a confusión por medio de publicidad relativa al patrocinador de la obra, absteniéndose de intervenir en la inauguración de las mismas durante el término señalado en el numeral anterior.

8) Los funcionarios públicos que sugieran al Gobierno Nacional proyectos de inversión regional, deberán abstenerse de intervenir en la ejecución de los mencionados recursos, en el proceso de selección y escogencia del contratista, y en la suscripción y ejecución del contrato, pues es de exclusiva responsabilidad del representante legal del ente territorial, sin que deba intervenir en manera alguna en dicha actividad.

La Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales, adscrita directamente al Despacho del Procurador General de la Nación, será la responsable de la coordinación y aplicación de la presente Directiva.

Finalmente, el Procurador General de la Nación, solicita a las autoridades municipales encargadas de la recolección, actualización de la base de datos y carnetización de beneficiarios del programas sociales, en especial del Régimen Subsidiado en Salud-SISBEN, se abstengan de realizar tales actividades con fines partidistas para favorecer o perjudicar a candidato o causa política alguna, porque de trata de un derecho fundamental, regulado por la Ley 100 de 1993.

Las personas, a quienes se les presione de alguna manera con la encuesta SISBEN para adquirir el derecho o para excluirlos de este, con fines políticos, deberán formular las quejas ante la Procuraduría Regional, Distrital o Provincial respectiva.

El Procurador General de la Nación invita a la ciudadanía en general para que participe como veedora de las conductas de los servidores públicos y para que ponga en conocimiento de esta entidad las posibles conductas disciplinariamente reprochables, como también las actividades de los empleados del Estado que desconozcan las directrices contempladas en este acto.

Atentamente,

 

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación