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Por falta de competencia Procurador pide revocar millonaria tutela de ex parlamentario

Bogotá, 27 de junio de 2007. Una tutela concedida sin competencia por el juzgado penal en Lorica (Córdoba), que favoreció a un ex congresista incrementando su mesada pensional de 400 mil pesos a cerca de 16 millones de pesos y le reconoció un retroactivo de 1.300 millones de pesos, tiene ad portas de la cárcel a la directora ejecutiva del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (Fonprecon), Diana Margarita Ojeda Visual.

Ante la inminencia de la ejecución del fallo de desacato, el Procurador General de la Nación le solicitó a la magistrada Clara Inés Vargas Hernandez, ponente en la Corte Constitucional de la revisión de la acción de tutela, aplicar las medidas consagradas en la ley, para proteger provisionalmente los derechos de los ciudadanos (Artículo 7º. Del Decreto 2591 de 1991).

La cuestionada tutela que incrementó la pensión del ex parlamentario en 4.000 %, fue tramitada y concedida el 18 de diciembre de 2006, con evidente violación al debido proceso durante las vacaciones del Congreso de la República, pues no fue notificada ni fue recibida la apelación alegando extemporaneidad del recurso.

El congresista favorecido con la cuestionada decisión es Gabriel Eduardo Urzola Gonzalez, quien se desempeñó como tal en cortos periodos que suman diez meses, entre julio de 1966 y julio de 1972, es decir que perteneció al Congreso de la República cuando estaba en vigencia la Constitución de 1886.

El ex congresista presentó un incidente de desacato, que concedió el Tribunal Superior de Montería y la directora de Fonprecon instauró una nueva acción de tutela que cursa en la Sala Penal del mismo tribunal en la que solicita la nulidad de todo lo actuado por el Juez de Lorica, Córdoba.

Paralelamente, la Procuraduría solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Montería, iniciar investigación disciplinaria contra el Juez Penal del Circuito de Lorica, Manuel Salvador Benedetti Torralvo, teniendo en cuenta que el accionante tiene recursos suficientes que garantizan su mínimo vital y no hay razón para que se desgaste el aparato judicial en casos que se debieron ventilar ante la justicia administrativa, y solicitó información sobre si en ese Despacho se imponen sanciones iguales para casos similares.

Finalmente el Procurador General de la Nación informó que el pasado 8 de mayo, advirtió al funcionario judicial Benedetti Torralvo “que el Juez de tutela también esta obligado a ponderar situaciones como estas, y lo que indica la razón es que debe esperar a la decisión de la Honorable Corte Constitucional, sin ordenar que antes de ella, se produzca su desembolso, toda vez que si esa alta corporación revoca dicha decisión, se causaría un grave riesgo al erario”, pues de ser cancelados estos dineros, su recuperación sería incierta.