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Cargos a miembros del Ejercito por muerte de indígena, colaboración con grupos paramilitares y falsedad

Bogotá, 26 de junio de 2007. Por su posible participación en los hechos que rodearon la muerte de un miembro de la comunidad indígena Kankuama y posible colaboración con las autodefensas, la Procuraduría General de la Nación dictó pliego de cargos contra dos suboficiales del ejercito, adscritos al Batallón de Artillería No. 2 La Popa con sede en Valledupar, Cesar.

Los hechos sucedieron en horas de la tarde del 29 de octubre de 2003, cuando el miembro de la comunidad indígena Kankuama Ever de Jesús Montero Mindiola, quien se transportaba en un vehículo de servicio público entre Valledupar y Guatapurí fue retenido y atado en el sitio Río Seco por miembros del bloque norte de las Autodefensas, liderados por Mario Fuentes Montaño alias “el paisa” cuando

Al día siguiente el señor Montero Mindiola fue reportado como dado de baja en combate supuestamente ocurrido en la madrugada de ese día sobre la vía que conduce de Patillal a La Junta, en un supuesto enfrentamiento entre miembros del Tercer Pelotón Albardón 3, adscrito al Batallón de Artillería No. 2 La Popa, con sede en Valledupar e integrantes de un grupo subversivo de las farc.

La victima quien según las pruebas y testimonios recogidos por el ministerio público habría sido entregada viva por las autodefensas a la Unidad Militar, era ampliamente conocido en la región como un trabajador agrícola, y algunos testigos atribuyeron los hechos a que al parecer, dentro de las filas de la subversión se encuentran dos parientes de la familia Montero, conocidos con los alias de “Edal” y “Karina”.

Inicialmente la Procuraduría señala como posibles responsables del hecho al subteniente José Emiliano Moreno Trigos, Comandante de la Contraguerrilla Albardón 3, adscrita al Batallon de Artillería No. 2 La Popa con sede en Valledupar, Cesar y al cabo tercero Carmelo Antonio Pacheco Ramirez Comandante de la tercera escuadra, quienes además firmaron documentos e informes oficiales consignando en ellos hechos falsos relacionados con la muerte que se investiga.

De acuerdo a las pruebas recogidas, tendrían una relación de colaboración con las autodefensas y al parecer habrían hecho uso ilegítimo de las armas que les fueron entregadas para combatir a los grupos ilícitos, contra un miembro de la población civil y que por ende gozaba del estatus de persona protegida.

Finalmente la Procuraduría compulsó copias para investigar por separado la posible omisión frente a la situación de riesgo en que se hallaba la población indígena Kaukuama durante los años 2003 a 2006, tal como fue advertido oportunamente tanto en la respectiva alerta, como en las medidas provisionales y cautelares que habrían emitido la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.