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Pliego de cargos a militares por muerte de civiles

Bogotá, 26 de junio de 2007. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra dos miembros del Ejercito Nacional, por su posible participación en el 2005, en la muerte de dos civiles a quienes presentaron como guerrilleros dados de baja en combate.

La investigación se inició tras la comunicación del defensor del pueblo regional Meta, Carlos Enrique Martínez Briceño, quien advirtió sobre la posible participación de miembros de las tropas de la Séptima Brigada de Villavicencio en la muerte de los señores Orlando Fernández Borrai y Liber Sergio Ariza.

Se trata de los soldados profesionales Fabio Sandoval Hurtado y Diógenes Sua Ariza, miembros de contraguerrilla Cascabel 3 del Batallón de Infantería No 21 Vargas de Granada, quienes el 27 de febrero de 2005, pasadas las 8:00 de la mañana, llegaron a la vereda Las Brisas del municipio de Castillo Meta solicitando identificación a las personas y preguntando si habían visto a la guerrilla.

Los señores Fernandez y Ariza fueron detenidos por espacio de media hora, luego los llevaron hacia un sector distante, donde al parecer discutieron con miembros del ejercito, segundos después se escucharon varias ráfagas de fuego.

Las necropsias permitieron establecer que cada uno recibió tres impactos de arma de fuego por la espalda. Estas y muchas otras pruebas entre las cuales se cuentan varios testimonios, oficios y documentos como ordenes de operaciones, visitas especiales e inspecciones, llevan al ministerio público a señalar que “al parecer, ejecutaron en condiciones de indefensión a los señores Orlando Fernández Borrai y Liber Sergio Ariza Tellez”.

Calificó la Procuraduría General de la Nación la posible falta como gravísima a titulo de dolo y advirtió además violaciones al Derechos Internacional Humanitario, el convenio de Ginebra, la Convención Americana sobre los derechos humanos.