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Procuraduría pide revocar millonaria demanda contra el Estado por destrucción de aeronave civil

Bogotá, 22 de junio de 2007. Por considerar que la demanda contra el Estado deja serias dudas respecto de la buena fe por parte del demandante, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo de Estado revocar el fallo de primera instancia en donde se condenó a la Nación a pagar una millonaria indemnización por los daños ocasionados a una aeronave que se encontraba en el aeropuerto de Otú, en Remedios, Antioquia.

El propietario del avión liviano interpuso demanda contra el Ministerio de Transporte, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y el Ministerio de la Defensa –Ejército Nacional- por los perjuicios materiales y morales causados por la falla o la falta en el servicio, luego del atentado dinamitero –según el actor perpetrado- por la guerrilla en contra de la aeronave que se encontraba cerca de la torre de control y las antenas de comunicación, del citado Terminal aéreo.

Para el ministerio público la pretensión de la demanda no se ajusta a la realidad, que dentro de las funciones del Ejército no está el cuidar y/o prestar vigilancia sobre los bienes de los particulares, más aún cuando han sido dejados libre y voluntariamente en un determinado lugar.

Según la Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado, en este caso se está “frente a un hecho determinante de un tercero, que daño un bien que ya se demostró no estaba bajo la custodia de los entes de imputación, los cargos en contra del Ministerio de Defensa Ejército Nacional, en opinión del ministerio público, no deben prosperar y por ende debe revocarse el fallo de primera instancia y en consecuencia, se han de denegar las súplicas de la demanda.”

Además, el ministerio público, cuestiona el procedimiento utilizado por la parte demandante, para lograr un fallo a su favor. Dentro de las pruebas aportadas, se encuentra un contrato de arrendamiento de la aeronave HK 1214, firmado el día 13 de abril de 1992, a razón de $150.000 por hora, sin límite de horas mensuales, fecha que según la documentación que aparece en el proceso, éste estaba en proceso de reparación y adicionalmente, no contaba con el certificado de aeronavegabilidad que permitiese la explotación lícita de dicho bien.

Para la Procuraduría General de la Nación, existen varios interrogantes en este caso, entre otros el ¿porqué la sociedad demandante suscribe un contrato de arrendamiento para “explotar” un avión que no sirve? ¿Cuál es el ánimo de lucro que afirma tenía la sociedad demandante, para arrendar un bien que no se puede explotar comercialmente sino un año y tres meses después?

Ante el hecho de hacer incurrir en error a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la Procuraduría, solicitó al Consejo de Estado compulsar copias de la documentación que aparece en el expediente a la Fiscalía General de la Nación para que se adelante investigación penal por una presunta falsedad documental.