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Suspendido ex alcalde de Magangué

Bogotá, 21 de junio de 2007.La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión e inhabilidad de 12 meses al alcalde de Magangué Jorge Luis Alfonso López, por violación al debido proceso al no notificar a la EPS que tenía a cargo la prestación del servicio de salud subsidiado del municipio, las resoluciones emitidas sobre incumplimiento y sanciones en la ejecución del contrato.

Encontró el Ministerio Público que CAPRECOM EPS, entidad contratada por el municipio, incumplió con la norma que le imponía contratar y ejecutar como mínimo el 40% del valor estipulado, con la red pública del municipio sede del contrato. En este caso, el monto total del contrato superaba los $1.960 millones de pesos y contrató con instituciones prestadoras del servicio de salud solo $172 millones, es decir apenas el 8.7%

Con su incumplimiento CAPRECOM EPS, afectó a los afiliados al régimen subsidiado quienes debieron soportar una deficiente prestación del servicio de salud. Esta circunstancia excepcional, obligaba al alcalde a realizar las acciones necesarias para garantizar la continuidad del aseguramiento de la población afiliada al régimen subsidiado, acciones entre las cuales se cuenta la posibilidad de no renovar el contrato con CAPRECOM EPS y asignar proporcionalmente a las ARS restantes que operen en la región los 11.309 afiliados al sistema.

Por la violación al debido proceso, la Procuraduría General de la Nación, modificó la sanción de primera instancia que lo destituía e inhabilitaba por 10 años y en su lugar le impuso una suspensión e inhabilidad de 12 meses en el ejercicio del cargo.

Consideró el Ministerio Público, que el alcalde se apegó al procedimiento establecido en la ley en casos de incumplimiento, en protección de los beneficiarios de este sistema de salud, sin embargo violó el debido proceso de la EPS CAPRECOM, al no notificarla de las resoluciones mediante las cuales se declaró el incumplimiento del contrato y se le sancionó con multa por este hecho.

Dado que los actos administrativos no estaban debidamente notificados y por lo tanto no producían ningún efecto legal, estos no podían tenerse como la motivación para negarse a renovar el contrato con CAPRECOM EPS, que no tuvo oportunidad de controvertir lo considerado y decidido en las resoluciones.