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A las comisiones de ética serán trasladados todos los procesos disciplinarios contra senadores y representantes

Bogotá, 20 de junio de 2007. Ante la decisión del Congreso de la República de aprobar el informe de conciliación por parte de cada una de las cámaras del Estatuto Ético del Congresista, que le entregó a las comisiones de ética facultades disciplinarias, el Procurador General de la Nación anunció que cuando dicha ley sea sancionada por el Presidente de la República, dará inmediato traslado de todos los procesos disciplinarios que actualmente cursan contra representantes y senadores.

El Procurador recordó que la propuesta original que fue aprobada en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes establecía con claridad que las actuaciones de las comisiones de ética y el Estatuto del Congresista aplicarían el proceso consagrado en la ley cuando se transgredieran los preceptos éticos, sin perjuicio de las competencias de la Procuraduría General de la Nación para conocer de faltas disciplinarias atribuidas a los senadores y representantes.

Con la variación introducida en la plenaria de la Cámara el pasado jueves, el ámbito de aplicación de la nueva ley se dispone para las faltas éticas y disciplinarias, lo que implica que las comisiones de ética tendrían que ser desplazadas por el Procurador General de la Nación en virtud del numeral 6º. del articulo 277 de la Constitución Nacional que le entrega al Jefe del Ministerio Público la función de “ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas inclusive las de elección popular(…).

Las nuevas disposiciones permitirían un tratamiento especial desde el punto de vista disciplinario para los senadores y representantes, toda vez que ellos no podrían ser destituidos e inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas, sino que sus faltas gravísimas serían sancionadas máximo con una multa y en caso de otras infracciones graves la sanción sería la amonestación privada.

Así por ejemplo una infracción disciplinaria contra el patrimonio público cometida por un Senador o Representante que en el Código Disciplinario Único acarrea la sanción de destitución e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por veinte años, sería sancionada por las comisiones de ética con una sanción de amonestación y si es del caso multa.