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Destituido ex alcalde de Valledupar por irregularidades en contrato para construcción de escuela

Bogotá, 20 de junio de 2007. Por no exigir la culminación pronta y oportuna de las obras de construcción de un establecimiento educativo en la zona sur oriental de Valledupar, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por tres años para ocupar cargos públicos y contratar con el Estado al ex alcalde municipal, Elías Guillermo Ochoa Daza.

Al entonces burgomaestre Ochoa Daza se le cuestionó por las irregularidades relacionadas con la ejecución del contrato No. 017 de 2000, suscrito con el señor Alfonso Monsalvo Riviera, contratista que retrasó la culminación del complejo educativo, lo que generó un sobrecosto superior a los $ 24 millones de pesos.

También se le cuestionó por no haber aplicado oportunamente las multas por incumplimiento del contrato y por no dar oportuno aviso a la compañía de seguros, que actuaba como garante del contratista.

Según el ministerio público, al existir una programación de la obra contratada, “el señor Monsalvo debió cumplir dentro de los plazos en ella establecidos para cada una de las etapas. Sin embargo, es irrefutable que no fue así, por razones exclusivamente imputables a él, porque se demostró que ante el surgimiento de las obras no previstas, se le otorgó un tiempo, por demás amplísimo, para que las pudiera realizar, pero le fue imposible cumplir por no contar con el personal, los materiales y los equipos que requería la obra; situación que se repitió sucesivamente durante la ejecución, sin que lograra justificar las razones.”

Igualmente, la actitud pasiva para conminar al contratista, bien a través de la multa, o bien comunicándole a la compañía de seguros, dieron lugar al pago de unos reajustes a los cuales, no sólo no tenía derecho en contratista, ya que no estaba dando cumplimiento a lo pactado con la administración, en relación a los plazos fijados para cada una de las etapas de la construcción del establecimiento educativo, sino que no estaban dadas las condiciones establecidas en el contrato para su reconocimiento.

Prueba de ello es, agrega la Procuraduría, que vencido el plazo para entregar la edificación, el señor Monsalvo Riveira, no terminó la obra pactada, puesto que quedaron pendientes inversiones por más de $110 millones, aludiendo como excusa el incumplimiento de los proveedores, versión que resultó ser falsa, porque se probó que el único pedido que hizo, lo realizó después de vencido el contrato y que los demás nunca logró comprobarlos.

Para los investigadores de la Procuraduría General de la Nación, la falta atribuida al señor Elías Guillermo Ochoa Daza, fue calificada como gravísima a título de dolo, en la medida en que se estableció que el investigado, tenía conocimiento del deber que le asistía, como representante legal del Municipio de Valledupar, de responder en forma indelegable por la contratación de dicho ente territorial, por lo tanto, sabía que debía exigir la ejecución idónea y oportuna de los contratos que hubiese celebrado la Alcaldía.

Según el fallo de primera instancia, el señor Ochoa Daza, había sido enterado del contrato y las medidas conminatorias que contemplaba dicho contrato para que el contratista cumpliera con lo pactado y sobre las dificultades que presentaba su ejecución y no tomó oportunamente las medidas previstas en el contrato, como eran la multa y las garantías.

Por lo expuesto, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por tres años para ocupar cargos públicos y contratar con el Estado al ex alcalde de Valledupar, Elías Guillermo Ochoa Daza.

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