INICIO > NOTICIAS > BOLETÍN 223

Procurador solicita no sancionar proyecto de ley que obstaculiza concurso de notarios

Bogotá, 13 de junio de 2007. El Procurador General de la Nación solicitó al Presidente de la República abstenerse de sancionar el proyecto de ley por el cual se dictan disposiciones sobre el concurso público de acceso a la carrera notarial, pues se dan las causas para que sea objetado.

A través de una misiva el jefe del Ministerio Público expuso al primer mandatario de los colombianos cada una de las consideraciones sobre las normas aprobadas por el Congreso de la República, las cuales resultan contrarias a los propósitos del precepto constitucional que ordena el citado concurso.

Las observaciones presentadas por el Procurador General se resumen en tres puntos que giran en torno a la inconstitucionalidad del proyecto de ley que actualmente pasa a sanción presidencial:

1. El jefe del órgano de control manifestó que el artículo 2 del proyecto de ley en cuestión concentra en el Consejo Superior de la Carrera Notarial «su convocatoria, realización y calificación de méritos», con lo cual éste se hace absolutamente inoperable e impracticable, pues se convierte en un deber imposible de cumplir teniendo en cuenta que se trata de un concurso en el cual participan miles de ciudadanos, y ocuparía durante varios meses el tiempo completo del Procurador General de la Nación, del ministro del Interior y de Justicia, de los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, y de sus demás miembros.

2. El artículo 3 del citado proyecto de ley, que se refiere a la posibilidad de «implementación parcial, gradual sectorizada, por círculos notariales y por categorías del concurso para acceso a la carrera notarial » restringe la convocatoria, desconociendo la sentencia C-421 de 2006 que ordenó el concurso público inmediato para todas las notarias.

3. El artículo 8 del proyecto que plantea la necesidad de adecuar el concurso actual a nuevas reglas también desconoce la Constitución. En este aspecto afirma el Procurador General que esta disposición resulta violatoria de los principios de la seguridad jurídica y de la confianza legítima según los cuales: « el Estado no puede súbitamente alterar unas reglas de juego que regulaban sus relaciones con los particulares, con el fin de amparar aquellas expectativas válidas que se han hecho con base en acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo».

Adicionalmente resaltó que «(…) las autoridades deben ser coherentes en sus actuaciones y garantizar razonablemente la estabilidad y durabilidad de las situaciones generadas, de manera que la administración no puede ejercer sus potestades defraudando la confianza debida a quienes con ella se relacionan».

Finalmente se refirió a la vigencia del ajuste normativo propuesto lo cual implicaría una serie de situaciones colaterales también contrarias a la Carta Magna, que entorpecerían el concurso para acceso a la carrera notarial.

Al respeto el jefe del ministerio público se permitió señalar:

§ La disminución en el puntaje para la prueba de conocimientos, en violación de los principios de objetividad, de igualdad de los participantes al concurso público y abierto, y de equilibrio proporcionado que deben tener los puntajes de los instrumentos de selección.

§ La inhabilidad por sanciones disciplinarias sólo es operante cuando se haya producido la destitución. La norma favorece privilegiadamente a un sector de notarios y constituye ejercicio ilegítimo de la libertad de configuración del legislador.

§ La adjudicación de 10 puntos por experiencia notarial a quienes llevan 6 meses en el ejercicio del cargo privilegia a los notarios en ejercicio y viola el derecho a la igualdad para el acceso a la función pública.

§ La gradualidad, extendida al nombramiento de los notarios, desconoce el imperativo de realización del concurso de manera simultánea en todo el territorio nacional y constituye otra forma de sostenimiento del estado de cosas inconstitucional.

§ La “garantía” que debe prestar el vencedor del concurso para asegurar que está en capacidad de sufragar los gastos requeridos para establecer la infraestructura material de la notaría que va a ocupar, excede los límites de la orden contenida en el artículo 131 de la Constitución Política y viola el derecho a la igualdad para el acceso al la función fedante. Igual exceso se produce con la previsión que otorga facultad a los notarios salientes para certificar sobre ese aspecto y hacer nugatorios los resultados objetivos del concurso.