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Procurador solicita a la Comisión de Investigación y Acusación  investigar al  Presidente de la República

 

Bogotá, 12 de junio de 2007. En su solicitud, el Procurador General señala que en la actual controversia electoral ni el Presidente ni el Vicepresidente ni ningún funcionario con autoridad civil, política y administrativa puede participar en política y, expresamente, tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos políticos. 

A continuación el texto de la solicitud:

Bogotá, D.C, junio 12 de 2007-06-12
D.P

Doctor
MARINO PAZ OSPINA
Presidente Comisión de Investigación y  Acusación
Cámara de Representantes
La  Ciudad

 

Respetado Representante:      

En mi calidad de Procurador General de la Nación, y en ejercicio de las funciones constitucionales asignadas por el artículo 277 de la Carta Política, en especial la que me ordena velar por el respeto de la Constitución, la ley  y el orden público, solicito a la comisión que usted preside, investigue si el  Presidente  de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez, infringió la norma constitucional que le prohíbe tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, mientras no exista una norma de carácter estatutario que señale cómo puede ser la participación en política del Presidente de la República.
 
Es necesario precisar a la Comisión que usted preside, que pese a que la reforma constitucional que introdujo el Acto Legislativo No. 2 de 2004,  que autorizó la reelección presidencial,  modificó la prohibición existente desde 1957 de participación en política de los servidores públicos con jurisdicción o autoridad política, civil o administrativa y la conservó sólo para los empleados  del Estado que se desempeñen en la Rama Judicial, en los órganos electorales, de control, de seguridad, a quienes expresamente les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio, actualmente  no existe norma que contemple en qué forma  pueden los empleados o funcionarios no consagrados en esta prohibición, participar en dichas actividades, dado que el mencionado acto legislativo condicionó esa intervención a los términos en que lo regule una ley estatutaria.  

Esa ley, a  la fecha,  no la ha expedido el Congreso de la República, y la única regulación que se profirió, artículo 37 de la Ley  996 de 2005, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-1153 de 2005, por su vaguedad e impresión.

En conclusión, mientras no exista una regulación que expresamente defina en qué términos se podrá dar la intervención de los servidores públicos no contemplados en la prohibición del Acto Legislativo No. 2 de 2004, ningún empleado del Estado y de sus Entidades descentralizadas que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o política y cargos de dirección administrativa, puede tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas.

La anterior prohibición cobija al Presidente de la República y al Vicepresidente, funcionarios éstos que mientras no se expida la ley estatutaria que regule como ha de ser su participación en política,  tendrán  que abstenerse de tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos políticos, tal como lo señala la Constitución Política, según la reforma que  introdujo el Acto Legislativo 02 de 2004. Su intervención en política sólo estaba autorizada en el evento de su candidatura para la reelección, hecho que ya se dio.

Por tanto, en la actual controversia electoral ni el Presidente ni el Vicepresidente ni ningún funcionario con autoridad civil, política y administrativa puede participar  en política, y expresamente tomar  parte en las actividades de los partidos y movimientos políticos.                

En ese orden,  la llamada telefónica del Presidente de la República,  al referirse por los menos a cuatro de los candidatos de Cambio Radical en las principales ciudades  del país, haciendo mención a sus calidades e importancia de sus programas de gobierno, así como el hecho que la iniciativa de uno de ellos ya tiene recursos en el Presupuesto de 2008, debe analizarse en el marco de la prohibición que actualmente rige. 

Por tanto, solicito que se indague la actuación del Presidente de la República y la incidencia que ella tiene frente a los otros candidatos y al equilibrio, transparencia e igualdad que en estos casos se le exigen al Presidente de la República, quien por representar la unidad nacional y en razón de su investidura, no puede mostrar simpatía por ninguna candidatura. 

 

Atentamente,

 

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación.